El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nuevamente se convirtió en blanco de críticas luego de que en las últimas horas de este viernes, decidiera cercar militarmente un municipio (comuna) del departamento de La Libertad, a fin de suspender totalmente los desplazamientos de sus habitantes, incluso para obtener alimentos o fármacos.

“El cerco sanitario ha sido impuesto en el Puerto de La Libertad. Nadie podrá salir ni entrar al municipio y nadie podrá salir de sus casas, ni siquiera con causa justificada. El 100% de los negocios estarán cerrados. No se podrá salir a comprar comida ni a la farmacia, tampoco les podrán llevar nada a domicilio. Toda circulación está prohibida. Únicamente se atenderán emergencias de salud, las que serán escoltadas por la policía”, aseguró el mandatario a través de sus redes sociales.

“Se mantendrá así, hasta nuevo aviso. Los demás municipios deberán respetar la cuarentena, de lo contrario tendremos que aplicar la misma medida”, advirtió Bukele.

La Libertad, un puerto y playa que lo han convertido en destino de recreación favorito de los capitalinos por su cercanía con San Salvador, es el hogar de 35.000 personas.

La medida fue inmediatadamente criticada por organizaciones de derechos humanos. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó la medida como “desproporcionada y violatoria de los derechos humanos”.

Ahora, Bukele “castiga” a la localidad de Puerto de la Libertad. No le permite a la población salir de sus casas —ni siquiera para hacer compras o ir a la farmacia— por tiempo indefinido.

Esta medida es claramente desproporcionada y por lo tanto violatoria de DDHH. pic.twitter.com/ZF1A8TQzH2

— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) April 18, 2020

Vivanco también exigió resultados a la Fiscalía General de la República, cuyo representante, Raúl Melara, sólo obtuvo evasivas por parte de los efectivos militares durante su investigación por “supuestos abusos de autoridad”.

#ElSalvador | El jefe militar de uno de los retenes en La Libertad se negó a responder preguntas del fiscal general sobre la instalación del retén y la base legal para hacerlo. Tampoco se identificó. “Esa información se la puede dar el ministro o comunicaciones”, dijo. pic.twitter.com/2MyjMbsx91

— elfaro.net (@_ElFaro_) April 18, 2020

Temor al hambre

Bukele, inicialmente aplaudido por sus medidas tempranas como el cierre total de fronteras cuando El Salvador aún no tenía casos de coronavirus confirmados, cambió rápidamente a las críticas de partidos opositores y organismos internacionales de derechos humanos, por lo draconiano de sus disposiciones, usualmente ejercidas mediante fuerza militar y policial.

El cierre del puerto de La Libertad aumentó el temor de un importante sector de la población al desabastecimiento y la hambruna, como denunció la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que estaba sucediendo en el departamento de Juayúa, donde cientos de familias quedaron sin provisiones ni asistencia del gobierno.

@PDDHElSalvador identifica población de Juayúa que están padeciendo de hambruna, pues han quedado aislados y sin la ayuda económica familiar del Gobierno. Mauricio Urrutia, coordinador de Unidades Juveniles #AdjuntaNiñez pic.twitter.com/wJPPDJBczz

— PDDH El Salvador (@PDDHElSalvador) April 18, 2020

La situación se vuelve especialmente preocupante en un país donde el 72% de los salvadoreños trabajan en el mercado informal, sin ningún tipo de seguridad social que les permita capear un periodo estricto de cuarentena.

Otro tema han sido la extensión de las cuarentenas ordenadas por el gobierno, de 30 días en muchos casos, y los confinamientos forzados de quienes son sorprendidos en la vía pública, medida declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, pero del que Bukele se declaró explícitamente en desacato.

Medios como ElSalvador.com han reportado numerosos casos de personas que fueron arrestadas por cubrir necesidades básicas para sus familias, muchas de ellas en la línea de la pobreza.

“Los hermanos Danilo y Pedro, de 20 y 23 años, respectivamente, fueron detenidos el lunes por la tarde en el cantón Los Conacastes, de Santa Ana, cuando iban a darle agua a unas 30 vacas con las que llevan el sustento a una familia de 11 integrantes”, detalla el medio de comunicación.

También se ha criticado las condiciones en que son internadas las personas en estos centros de confinamiento, donde la falta de alimentos llevó a que empresas privadas donaran comida para los detenidos.

De igual forma, existe una denuncia por negligencia tras la muerte de un hombre de 56 años al interior del Hotel Beverly Hills, usado como centro de confinamiento en la zona de Antiguo Cuscatlán, luego de que se le negara la atención médica durante su cuarentena.