El Salvador amaneció este jueves a la puerta de una nueva crisis institucional tras el anuncio del presidente Nayib Bukele de ignorar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordena frenar las detenciones y los confinamientos “forzosos” de quienes violen la cuarentena decretada ante la pandemia del Covid-19.

La resolución de la CSJ fue en seguimiento de las medidas cautelares dictadas en un Hábeas Corpus del 26 de marzo y ratificadas el 8 de abril pasado por parte de la Sala de lo Constitucional. No obstante, Bukele ordenó el 6 de abril endurecer los controles policiales y militares y continuó con estas detenciones, que suman a la fecha 2.108, según datos oficiales.

Los jueces constitucionales prohibieron en dichas medidas a Bukele y a las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) “privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliaria”. Esta orden estaría vigente mientras el Congreso, según el fallo, “no emita una ley formal en la que se establezca dicha medida”.

La Sala de lo Constitucional sostuvo que sus sentencias “no son peticiones, solicitudes ni meras opiniones sujetas a la interpretación o valoración discrecional de las autoridades a quienes se dirigen, sino que se trata de órdenes de obligatorio e inmediato cumplimiento”. También advirtió que “las actuaciones públicas que contradigan” sus fallos “violan la Ley Primaria y deben generar, sin excepción, la responsabilidad correspondiente”.

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Además, La CSJ delegó al procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, para verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas. Asimismo, mandó a la PNC y al Ejército a elaborar un registro de las personas privadas de libertad por violación de la cuarentena domiciliar y las condiciones, motivos y responsables de su detención.

Ante esto, el mandatario salvadoreño reaccionó en las redes sociales desacatando a la CSJ. “El chiste se cuenta solo” y “ninguna resolución está por encima del derecho constitucional, a la vida y la salud del pueblo salvadoreño”, manifestó Bukele tras cuestionar el nombramiento de Tobar.

Rechazo Internacional

Diversas organizaciones de derechos humanos se manifestaron contra la decisión de Bukele. “El desacatar una resolución emitida por la Corte implica una grave lesión a las instituciones en el país”, dijo la directora de programas de la organización Cristosal, Celia Medrano. La directora del organismo regional llamó al órgano Legislativo, la Fiscalía y a la Corte Suprema a “actuar de manera simultánea y drástica” ante la “amenaza de un desacato a la Constitución”.

De la misma forma, el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, apeló al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a condenar las acciones de Bukele, calificándolas como “una de las mayores amenazas a la carta democrática”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se sumó a los llamados a cumplir con las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y dio su respaldo público a la CSJ.

En tanto, el líder del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense, Eliot Engel, lamentó el desacato de Bukele a la resolución de la Sala de lo Constitucional y urgió al presidente “a respetar los fallos judiciales de la Corte Suprema sobre el Covid-19” y recalcó que los “líderes mundiales deben ser capaces de proteger tanto la salud como las libertades civiles”.

Este es el segundo choque que tiene el Ejecutivo con otro órgano de Estado, el primero se dio el 9 de febrero pasado, cuando Bukele ingresó a la Asamblea Legislativa con soldados y policías armados con fusiles de asalto.

Recientemente, Bukele admitió que era una medida de “presión” contra ese órgano para obtener fondos para seguridad.