Venezuela informó este jueves que ha pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue como posibles crímenes de lesa humanidad las sanciones estadounidenses contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, planteó formalmente este asunto como una forma de “guerra económica” a la fiscal de la CPI, con sede en La Haya.

“Consideramos que las medidas coercitivas unilaterales son crímenes de lesa humanidad, además violan el derecho internacional y los derechos humanos (…) En este caso contra la población civil de Venezuela, e insistimos ante la Fiscal (Jefe) de la Corte Penal (Fatou Bensouda), que hay que detener esta barbarie”, enfatizó.

También dijo que espera que pueda servir como un precedente para otros casos de sanciones impuestas por los estadounidenses, por ejemplo, a aliados de Caracas, como Irán y Cuba.

“Hemos venido a las instancias para poder hacerle frente a una agresión integral contra el pueblo venezolano (…) Es una acción jurídica que ha comenzado hoy. Tiene que imponerse el imperio de la ley, no la barbarie (…) esta demanda esta dirigida contra quienes toman las decisiones en Washington”, añadió Arreaza.

No hubo de inmediato una reacción de la CPI, creada en 2002 para juzgar los crímenes graves en el mundo, lo que incluye a los de guerra y de lesa humanidad.

Estados Unidos no integra la CPI, pero ésta puede reclamar jurisdicción sobre cuestiones que afecten a personas de los Estados miembros, como es el caso de Venezuela.

No obstante, este tribunal solamente puede juzgar por crímenes a personas, no así a Estados, en tanto Arreaza no señaló si señaló a personas específicas como presuntos sospechosos.

La gestión venezolana tuvo lugar al día siguiente de que el líder opositor, Juan Guaidó, defendiera tras regresar de una gira internacional las sanciones extranjeras contra su país, impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Washington impuso el año pasado sanciones a la industria petrolera venezolana, principal fuente de divisas del país, y recientemente lo hizo con la aerolínea estatal venezolana, Conviasa.

“Los efectos contra la economía y particularmente contra la industria petrolera venezolana, que es el corazón de la economía venezolana, estas medidas impiden que se pueda transportar petróleo venezolano”, advirtió el titular de Exteriores.

Esas medidas impiden “que se puedan reparar equipos petroleros, que se puedan importar los químicos para los procesos necesarios para la refinación del petróleo”.

La CPI había lanzado en 2018 una investigación preliminar sobre presuntos abusos cometidos por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas durante una ola de protestas contra Maduro.

Canadá y cinco países sudamericanos (Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú) también han presentado el asunto formalmente ante la corte.