El presidente Tabaré Vázquez declaró la emergencia nacional por las cifras de feminicidios y violencia contra las mujeres en el país. Expertas valoran la decisión, pero critican la falta de medidas más concretas.
“Todavía tenemos personas cercanas que minimizan esta problemática”, dijo el pasado 27 de diciembre la directora de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior de Uruguay, July Zabaleta, refiriéndose a los feminicidios, un delito que en 2018 dejó 31 mujeres muertas, y que en 2019, hasta el 4 de diciembre, dejaba otras 19 víctimas fatales. Pero el problema es mucho más profundo y tiene que ver con estereotipos difíciles de erradicar.
Según ONU Mujeres, Uruguay encabeza el listado regional de violencia doméstica. De hecho, la entidad considera que las cifras son “alarmantes” y destaca que es el segundo delito más recurrente, después del hurto.
“Es un problema cultural enraizado que no veía con malos ojos que el hombre tuviera derecho a ‘disciplinar’ con violencia a su pareja e hijos. Se trata de conductas violentas que se han naturalizado”, explica a DW Margarita Mariño, fundadora de Mujeres de Negro, un colectivo que lucha contra los feminicidios.
Conocedor del drama, y ante el impacto que generaron en el pequeño país sudamericano los casos de dos hermanas y una joven madre asesinadas los días 24 y 25 de diciembre, el presidente Tabaré Vázquez declaró el pasado lunes la emergencia nacional.
El comunicado de la Secretaría de Comunicación de Presidencia reconocía abiertamente que la medida se adoptaba ante “la conmoción causada por los recientes actos de violencia ejercidos contra las mujeres”. En uno de ellos, uno de los sospechosos tenía una restricción judicial que le impedía acercarse a la víctima.
Avances insuficientes
La abogada Marina Morelli Núñez, presidenta de la cooperativa Mujer Ahora y miembro de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, valora la emergencia nacional, pero critica la falta de precisión. “La declaración sola no es suficiente, porque le faltan planes de emergencia y de contingencia”, explica a DW.
A su juicio, esto responde a un gesto de cortesía política, pues Vázquez deja el poder el 1 de marzo. “Pero uno no puede declarar estado de emergencia nacional un 30 de diciembre y esperar que tres meses después se cree el plan y un comité”, critica. En ello coincide Mariño, para quien “las medidas deben adoptarse a la brevedad, porque está en juego la vida de una población vulnerable. Se trata de salvar vidas humanas”.
El plan comunicado por Vázquez explica que hay aspectos que se aplicarán de inmediato, “como promover una reunión de alto nivel entre la Presidencia, la Suprema Corte de Justicia y Fiscalía General” para mejorar la coordinación, comprar 200 tobilleras más para monitorear a las víctimas y los victimarios, difundir medidas de protección a las mujeres y brindar cursos de prevención del abuso sexual. Insatisfecha, la agrupación Mujeres de Negro advirtió en un comunicado que seguirá con atención el anuncio de nuevas medidas.
Más allá de las reticencias, Mariño recordó que la emergencia nacional era “reclamada desde hace varios años desde la sociedad civil”.
Morelli también cree que el paso dado por Vázquez va en la dirección correcta: “No podemos pasar por alto que se trata de un hecho histórico. Hace pocas décadas el estado negaba que la violencia contra las mujeres existiera”. Sin embargo, la abogada ve también en esto que el Estado “reconoce que su labor ha sido insuficiente”.
Mariño comparte esa mirada: “Los avances no han sido suficientes, porque siguen muriendo mujeres a manos de sus parejas. La violencia desde 2005 ha tenido un incremento del 580 por ciento, pero la Justicia trabaja con los mismos recursos que hace 15 años”, lamenta.
Tarea de toda la sociedad
Según cifras de la agencia AFP, en 2017 Uruguay ocupaba el octavo lugar en América Latina en tasa de femicidios por cada 100.000 mujeres.
“Si uno ve los números fríos, puede perder de vista que somos un país de tres millones de habitantes. También hay que considerar que esta temática siempre ha sido de segunda categoría en Uruguay, donde siempre dicen que hay cosas más importantes de las que ocuparse”, detalla Morelli Núñez, quien insiste que el problema debe abordarse desde el Estado, sin duda, pero también desde la sociedad civil.
Y sobre los tres femicidios cometidos en plenas fiestas navideñas entrega un dato desolador: “Cuando se piensa en fiestas se piensa en familia, y eso se ve como contención y amor. Pero quienes trabajamos con víctimas de la violencia intrafamiliar sabemos que para muchas mujeres estas fiestas son sinónimo de espanto, de horror y de muerte, y que entre el 15 de diciembre y el 6 de enero, es una época muy difícil”.
Que ese antecedente sea poco conocido puede tener una razón. “Estas cosas se ven desde un lugar un poco elevado, como que esta realidad les sucede a otras. A mucha gente le gusta espantarse por las noticias o poner el lacito negro en Twitter o Facebook, pero no cree que tenga mucho que ver con el asunto. Pero la verdad es que no podemos esperar una respuesta solo estatal, todos tenemos que involucrarnos”, explica la abogada Morelli Núñez.
