Cuba adaptó sus leyes para investigar crímenes a través de la vigilancia electrónica, como ocurre en otros países, aunque sin la orden de un juez. Para Estados Unidos, con historial en el tema, el gobierno pretende espiar opositores y turistas.
La Habana explica que busca que sus leyes estén en sintonía con los tratados internacionales, para hacerlas más efectivas “en la prevención y enfrentamiento a los delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo”.
Para ello, el 18 de noviembre modificó el Código Penal y detalló “técnicas especiales de investigación”.
Entre ellas incluye la “investigación encubierta”, el “colaborador eficaz”, el “empleo de la vigilancia electrónica”, y las “entregas vigiladas” o seguimiento a paquetes sospechosos de llevar algún contenido ilícito.
Sin juez
Según la norma, el “instructor penal” (policía) a cargo de la investigación pide autorización al Fiscal General de la República para proceder con la “vigilancia electrónica”, por hasta seis meses prorrogables.
En una carta al fiscal debe fundamentar los motivos de su solicitud, detallar el hecho investigado y la peligrosidad del mismo.
“Esto lo tienen todos los estados del mundo. En Cuba no estaba regulado. La diferencia es que en otras partes lo dispone un juez y en Cuba es la policía y la Fiscalía”, explica a la AFP el constitucionalista independiente Julio Fernández Estrada.
Al no existir la garantía de una decisión judicial, se abren las posibilidades a arbitrariedades, considera.
En este caso “La Fiscalía es juez y parte, porque representa la acción penal y depende del presidente de la República. Se inclina un poco la balanza. En el resto no hay diferencia, otros países incluso usan estas medidas con más fuerza”, detalla Fernández.
De acuerdo con la nueva ley, la “vigilancia electrónica” permite “escucha y grabación de voces”, localizar y seguir, tomar fotos o grabar videos, intervenir comunicaciones de cualquier tipo, el “acceso a sistemas computarizados y otros recursos técnicos que permitan conocer y demostrar el hecho delictivo”.
A los turistas
Estados Unidos -que se vio envuelto en un escándalo de vigilancia masiva denunciado en 2013 por el exempleado de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden- criticó la nueva norma cubana.
“El régimen de Castro promulgó nueva ley que pone en papel lo que el mundo ya sabía: puede – y de hecho lo hace – vigilar y escuchar a escondidas a cualquiera en Cuba”, escribió el martes en Twitter el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak.
“El pretexto: reducir el crimen. En el estado policial de Castro, pensar diferente es considerado criminal”, agregó.
Bajo el gobierno de Donald Trump, Washington ha arreciado el embargo que aplica contra la isla desde 1962, tras la revolución de Fidel Castro.
La administración Trump acusa al único y gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC) de oprimir los derechos de su pueblo y de apoyar militarmente a la Venezuela de Nicolás Maduro.
Por ello, aplica sanciones que afectan los envíos de combustible, las transacciones financieras, viajes y el turismo, motor de la economía de la isla.
“Los visitantes internacionales pueden elegir si desean ir a Cuba y someterse a esta invasión de privacidad. Lamentablemente, los cubanos no tienen opción”, comentó Kozak.
El seguimiento y grabación a algunos opositores, que Cuba considera como “mercenarios” al servicio de Estados Unidos, es una modalidad que el gobierno de la isla ha aplicado ya a inicios de este siglo para poder probar la relación de sus detractores con Washington.
Cuba ha acusado a sucesivos gobiernos de Estados Unidos de promover ataques y acciones terroristas en su contra durante décadas. Superadas varias diferencias, en 2015 se produjo un histórico acercamiento entre Barack Obama y Raúl Castro, pero el deteriorado estado actual de las relaciones diplomáticas dista mucho de aquel momento.