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Enfrentamientos entre manifestantes y militares que liberaban el acceso a una planta de combustible en El Alto, ciudad vecina de La Paz, dejaron tres muertos y 30 heridos este martes, según el último informe publicado por la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
Un vocero de la entidad dijo a la AFP que “se ha constatado la existencia de tres muertos, dos de ellos confirmados (por impacto) de bala”, incluido Dayvi Posto Cusi, de 31 años de edad, cuyo fallecimiento se había reportado antes.
A raíz de esa situación, “estamos pidiendo a las autoridades una investigación”, dijo la fuente de la oficina de prensa de la Defensoría.
Además, la entidad elevó a 30 el número de heridos, todos leales al expresidente Evo Morales, quien está asilado en México, tras dimitir de su cargo el 10 de noviembre, tras unos comicios tildados de fraudulentos por la oposición y en los que la OEA encontró “irregularidades”.
Un comunicado de las Fuerzas Armadas dijo que “agitadores y vándalos enardecidos” atacaron y destruyeron parcialmente la planta de hidrocarburos de Senkata “utilizando explosivos de alto poder”.
Poco antes, una fuerza combinada de policías y militares, apoyada por carros blindados y helicópteros, había ingresado a la planta, ocupada hace días por manifestantes, para reanudar en carros cisternas el abastecimiento de combustible, cuya escasez se empieza a agudizar en La Paz.
“Denuncio ante el mundo que el gobierno de facto al estilo de dictaduras militares nuevamente mata a mis hermanos de El Alto que resisten pacíficamente el golpismo y luchan en defensa de la vida y la democracia”, tuiteó Morales desde México.
Denuncio ante el mundo que el gobierno de facto al estilo de dictaduras militares nuevamente mata a mis hermanos de El Alto que resisten pacíficamente el golpismo y luchan en defensa de la vida y la democracia. #ParenLaMasacre del #GolpeDeEstadoEnBolivia
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 19, 2019
La presidenta interina de Bolivia, la derechista Jeanine Áñez, había firmado en días pasados un decreto, calificado por la CIDH de “grave”, que exime a los militares de cargos penales si se generan víctimas en sus tareas de mantener el orden en el país, convulsionado hace casi un mes.
Otro decreto firmado por Áñez destina 4,8 millones de dólares al equipamiento militar de las Fuerzas Armadas.
La CIDH había cifrado el fin de semana en 23 los muertos desde que comenzaron los conflictos y en 9 desde que asumió el 13 de noviembre el nuevo gobierno.
