La corte suprema de Brasil empezó a deliberar este miércoles si es constitucional que un condenado en segunda instancia empiece a cumplir su pena de prisión, antes de agotar todos sus recursos legales.

Un fallo favorable a alterar la jurisprudencia actual podría conllevar a la libertad de numerosos presos, incluido el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumple una pena de ocho años y diez meses por corrupción.

Se espera que los once magistrados de la máxima corte del país concluyan sus votos el jueves, en un veredicto seguido con mucha atención, transmitido en vivo por TV.

Lula es uno de los presos más célebres de la operación “Lava Jato”, que puso tras las rejas a prominentes políticos, empresarios y exejecutivos de la estatal Petrobras, al develar un megaesquema de desvío de fondos.

El popular líder de la izquierda está preso desde abril de 2018 en las instalaciones de la Policía Federal de Curitiba (sur), tras haber sido condenado en segunda instancia, acusado de beneficiarse de un apartamento tríplex en el litoral paulista que fue puesto a su disposición por una constructora involucrada en el caso.

En febrero, Lula fue condenado por otro proceso en primera instancia a casi 13 años por corrupción y enfrenta al menos otros seis casos en la justicia.

El expresidente niega todos los cargos y asegura que son parte de una conspiración político-judicial para impedirle disputar las elecciones de 2018, en las que resultó electo el ultraderechista Jair Bolsonaro.

Aun si es liberado, su situación judicial le impediría retomar su carrera política, de acuerdo con las leyes actuales, que vedan la participación política a condenados en segunda instancia.

Eso podría cambiar, sin embargo, si la corte suprema decide, en otro caso que tiene pendiente, que el exjuez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, que condenó a Lula en primera instancia en 2017, no actuó de forma imparcial.

Esta tesis ganó fuerza después de los supuestos mensajes revelados por la edición brasileña de The Intercept, un medio de prensa digital de origen estadounidense, entre Moro y los fiscales del Lava Jato, que sugieren cierta intimidad entre las dos partes y que habrían actuado para mantenerlo fuera de la disputa electoral.

Tanto Moro como los fiscales niegan haber perseguido ese propósito, pero si los jueces de la corte suprema consideran que el juicio fue parcial, la condena de Lula sería anulada y el proceso debería empezar de nuevo.

Determinado a probar su inocencia, Lula, que el domingo cumple 74 años, rechazó recientemente pasar a un régimen semiabierto (con la posibilidad de prisión domiciliaria) por haber cumplido una sexta parte de su condena.