La noche del lunes 30 de septiembre de 2019 se convirtió en un nuevo capítulo de la crisis e inestabilidad política que han marcado a Perú en su historia, luego que el presidente Martín Vizcarra anunciara la disolución del Congreso y a su vez el parlamento suspendiera al mandatario y nombrara a Mercedes Araóz como gobernante interina.
Los últimos años han destacado por los escándalos de corrupción del caso Odebrecht (que llevó a prisión a tres ex presidentes y un cuarto se suicidó cuando iba a ser arrestado), además de un gobierno con minoría, como fue el caso de Pedro Pablo Kuczynski y de su sucesor Martín Vizcarra.
La imposibilidad de Vizcarra de impulsar una agenda legislativa ante la oposición del partido fujimorista Fuerza Popular (populismo de derecha), lo llevó a tomar la decisión de disolver el parlamento, en una medida que desde el parlamento han calificado como un “golpe de estado”.
Vizcarra contra fujimorismo
Vizcarra asumió la presidencia de Perú en marzo de 2018, luego de la renuncia del exmandatario Kuczynski, quien iba a ser destituido por sus vínculos con el caso Odebrecht y la publicación de videos donde pedía la ayuda de diputados cercanos a Kenji Fujimori. Desde ese momento, el actual gobernante inició una tensa relación con el Congreso y particularmente con Fuerza Popular.
Desde que llegó al poder, Vizcarra impulsó una reforma al sistema político y judicial de Perú, criticado y cuestionado tras una serie de casos de corrupción, situación que aumentó su enfrentamiento con Fuerza Popular. Todo en medio de la detención provisoria de Keiko Fujimori, líder del partido de derecha.
Aunque Fuerza Popular -junto a otros partidos tradicionales- tienen mayoría en el Congreso, el presidente puede recurrir a la cuestión de confianza en Perú. Según la Constitución, la moción de confianza es un mecanismo por el cual el Ejecutivo puede consultar al Congreso sobre el tema que estime conveniente. Pero si los legisladores rechazan este pedido a dos gabinetes, el presidente puede disolver el Congreso.
Vizcarra había presentado dos cuestiones de confianza, una había sido rechazada por el Congreso y tuvo que renovar su gabinete, mientras que la segunda fue aprobada por el Parlamento en junio pasado.
Pero la imposibilidad del gobierno de renovar la forma para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, llevó a Vizcarra a plantear una nueva moción de confianza al Congreso, que esta semana también escogería a los integrantes del TC.
Disolución del Congreso contra vacancia del presidente
Vizcarra había lanzado el domingo un ultimátum al Congreso al anunciar que lo disolvería si este lunes le negaba un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados, con lo que buscaba impedir que ese alto tribunal sea copado por la oposición.
Las sesiones para elegir los miembros del Tribunal Constitucional y votar la moción de confianza quedaron fijadas para la tarde del lunes, pero el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, hizo una jugada que terminó por quebrar la relación con el gobierno.
Olaechea fijó primero la votación para elegir los miembros del Tribunal Constitucional, lo que Vizcarra interpretó como un rechazo a su moción de confianza y anunció la disolución del Congreso.
Durante una sesión plagada de incidentes, el Congreso eligió a uno de los magistrados en medio de protestas que obligaron a postergar hasta el martes las cinco votaciones pendientes.
“¿La confianza se puede denegar de manera no expresa? En la doctrina ese es un tema polémico, no es un tema pacÍfico. Hay quienes consideran que si hago una propuesta de cuestión de confianza y lo que estoy proponiendo no se cumple, me están diciendo no. Hay otros que dicen que para que una cuestión de confianza se materialice en su denegatoria, tiene que ser expresamente en una votación que diga no. Esa es una la discusión que hace el asunto, opinable jurídicamente”, indicó Eloy Espinosa-Saldaña, miembro del Tribunal Constitucional en Perú a RPP.
Curiosamente, mientras Vizcarra anunciaba la disolución del Congreso, los parlamentarios aprobaban la moción de confianza, aunque para el mandatario ya era demasiado tarde.
El disuelto parlamento no tardó en reaccionar, suspendiendo por un año a Vizcarra para ejercer el cargo de presidente. La suspensión fue aprobada por 86 votos de un total de 130 legisladores.
El Congreso declaró la “incapacidad temporal” de Vizcarra y nombró como presidenta interina a Mercedes Aráoz.
“Es mi deber como ciudadana, mujer, madre y vicepresidenta asumir este mandato. Lo más fácil habría sido renunciar. No me corro a mis responsabilidades por más difíciles que sean las circunstancias”, dijo Aráoz, quien calificó como “inconstitucional” la disolución del Congreso.
Mientras tanto, Vizcarra convocó a nuevas elecciones parlamentarias para el 26 de enero, según un decreto publicado en el diario oficial.