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El Congreso de Perú aprobó con 86 votos a favor la incapacidad temporal y suspensión del cargo del presidente peruano, Martín Vizcarra, luego de que éste disolviera constitucionalmente el Legislativo, dominado por la oposición.
Así lo anunció el mandatario, luego de que éste se negara a suspender una polémica designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional.
En una respuesta inmediata, los parlamentarios opositores (fujimoristas) presentaron en el Congreso una moción de vacancia contra el presidente, argumentando que “los actos de Martín Vizcarra evidencian conducta inmoral (…). Por eso solicitamos se dé trámite a la declaración permanente de incapacidad moral del señor presidente”.
Desde Radio Programas del Perú reportaron que las fuerzas policiales llegaron al parlamento para impedir el ingreso a los demás legisladores, argumentando que el Congreso ya no existe.
Para que la vacancia sea aprobada eran necesarios 87 votos.
“Un golpe de estado”
“Estamos ante un golpe de estado, me hace acordar al 5 de abril del 92. Espero que las Fuerzas Armadas y la Policía no se presten a esta patraña”, dijo el congresista Jorge Del Castillo, del socialdemócrata partido Aprista, según reportó la Agence France-Presse.
Del otro lado, la líder izquierdista Verónika Mendoza encabezó en Lima una marcha de más de 2.000 manifestantes en respaldo a la medida.
“Estamos aquí celebrando esta victoria que nos ha costado, es el primer paso del pueblo peruano”, aseguró Mendoza, cuyo partido bregó en el parlamento a favor de la disolución.
Marchas en respaldo a la medida se sucedieron la noche de este lunes en las principales ciudades del país, como Huancayo, Cusco, Arequipa, Puno, Trujillo y Tacna, entre otras.
Según la Constitución peruana, el presidente debe convocar a elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes a la disolución.
Polémica elección de magistrado
Durante una sesión plagada de incidentes, el Congreso eligió a uno de los magistrados en medio de protestas que obligaron a postergar hasta el martes las cinco votaciones pendientes.
El abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo del presidente del Congreso Pedro Oleachea, fue el primer magistrado designado, por 87 votos, el mínimo necesario.
La votación se realizó a pesar de que seis de los nueve postulantes al Tribunal Constitucional tienen denuncias ante la justicia.
Además del gobierno, juristas independientes cuestionaban el actual mecanismo de selección por su celeridad y falta de transparencia.
Vizcarra había advertido que si los legisladores no desistían de nombrar al nuevo tribunal, lo consideraría una negativa al voto de confianza, lo que lo facultaría constitucionalmente para disolver el parlamento.
