Familiares de opositores presos pidieron este lunes a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que interceda por su libertad ante el presidente Nicolás Maduro, durante la visita que realizará a Venezuela esta semana.

“No deberían estar presos, además de eso se les ha violado sus derechos humanos”, declaró en rueda de prensa Ana María Da Costa, hermana de Vasco Da Costa, detenido en abril de 2018 e imputado por “instigación a la rebelión” y “traición a la patria”.

Bachelet, quien estará en el país entre el miércoles y el viernes próximos, se reunirá con Maduro y el jefe parlamentario, Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por medio centenar de países.

La expresidenta chilena también mantendrá encuentros con “víctimas de abusos y de violaciones de derechos humanos” y sus allegados, indicó la Oficina del Alto Comisionado en un comunicado.

A la fecha hay unos 715 presos por razones políticas, según Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal que defiende sus derechos.

“Para nosotros es fundamental que en esta visita la Alta Comisionada Michelle Bachelet exija la liberación total de los presos políticos”, sostuvo Romero en la misma conferencia.

Según Foro Penal, más del 95% de los detenidos está “sin juicio, sin derecho a la defensa, muchos de ellos enfermos y en condiciones insalubres donde se encuentran recluidos”.

“Por mí, se puede reunir con el gobierno y oír la parte de ellos, pero que se reúna con nosotros, que se reúna con la Venezuela verdadera y vea la realidad”, remarcó Da Costa.

Bachelet, cuya visita se anticipa tensa por la pugna de poder entre Maduro y Guaidó, sostendrá además reuniones con ministros, el presidente de la Corte Suprema y el fiscal general.

Aunque el gobierno reiteró que Bachelet llegará por invitación de Maduro, Guaidó aseguró que la visita “es un logro de la protesta” para exigir la salida del poder del mandatario socialista, a quien tilda de “ilegítimo”.

La Alta Comisionada podrá constatar la política del gobierno a favor de los derechos humanos y “las repercusiones negativas generadas por las medidas coercitivas unilaterales impuestas al país”, señaló el gobierno venezolano en un comunicado, aludiendo a sanciones de Estados Unidos.

“El llamado es a que se haga justicia, que no solamente crea lo que le dice el presidente (Maduro)”, expresó Lisbeth Rivera, esposa de uno de los 59 colombianos detenidos en una comandancia policial de Caracas desde 2016 imputados por “terrorismo”.