El jefe del banco de desarrollo de Brasil (BNDES) dimitió este domingo, un día después de que el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro amenazara con despedirlo, avivando una crisis política que implica a su Gobierno.
Joaquim Levy, un economista formado en la escuela neoliberal de Chicago y ministro de Finanzas de la expresidenta izquierdista Dilma Rousseff, presentó su renuncia al ministro de Economía, Paulo Guedes.
“Agradezco al ministro su invitación a servir el país y le deseo éxito en las reformas”, dijo Levy en un comunicado.
Bolsonaro había amenazado el sábado con despedir a Levy a raíz del nombramiento de Marcos Barbosa Pinto, un directivo del BNDES vinculado al Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), rival ideológico del presidente.
“El Gobierno es así, no puede tener a gente sospechosa” en cargos importantes, dijo Bolsonaro a la prensa. “Le he dicho [a Levy]: ‘Despide a ese tipo el lunes o te echaré sin pasar por Paulo Guedes"”.
La renuncia de Levy es el último episodio de una semana agitada para el gobierno de Bolsonaro. El presidente despidió el jueves a su secretario de Gobierno, el general retirado Carlos Alberto dos Santos Cruz, que se había enfrentado a los hijos del mandatario, y destituyó al jefe del servicio de correos brasileño.
Santos Cruz fue el tercer ministro en abandonar el Gobierno en seis meses.
El presidente también tuvo que lidiar con el escándalo surgido en torno a su ministro de Justicia, Sergio Moro. Unos mensajes publicados por la prensa sugieren que, durante su etapa como juez anticorrupción, éste colaboró con fiscales para apartar de las elecciones presidenciales de 2018 al líder histórico del PT, Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro hizo una defensa ambigua de su ministro. Aunque volvió a defender a Moro ante las acusaciones de delito, dijo que no confiaba al “100 por 100” en el exjuez, al que muchos brasileño consideran como un emblema de la lucha contra la corrupción y un miembro clave del Gobierno.
En julio de 2017, Moro, de 46 años, sentenció a Lula a nueve años y medio de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, una condena reducida este año a ocho años y 10 meses por un tribunal superior.
La sentencia acabó con la esperanza de Lula de volver a presidir el país y dio la puntilla a décadas de gobiernos de centroizquierda en Brasil.
“Fábrica de crisis”
Bolsonaro ya había criticado al BNDES, que financió proyectos de infraestructuras en Brasil, Venezuela, Cuba y Mozambique, y había prometido abrir su “caja negra” para desvelar negocios corruptos.
Guedes dijo a un columnista del medio G1, Gerson Camarotti, que la “ansiedad” del presidente con Levy era comprensible, ya que el presidente del banco de desarrollo no había sabido cooperar y había contratado a una persona de izquierdas.
El ministro de Economía afronta, por su parte, una creciente presión al encabezar las reformas económicas promovidas por el gobierno, incluido un cambio del sistema de jubilaciones que ha suscitado amplias protestas por parte de los sindicatos y hostilidad en el Congreso.
El viernes, una huelga general convocada por los sindicatos contra la reforma de las pensiones y en reclamo por recortes anunciados en educación paralizó el transporte público, las escuelas y los bancos en varias ciudades brasileñas.
El proyecto inicial de la reforma de las pensiones contemplaba un ahorro de casi 1,2 billones de reales en 10 años (más de 300.000 millones de dólares al cambio actual).
Pero, ante las resistencias generadas por ese plan, una nueva versión presentada al Congreso el jueves preveía un ahorro de unos 900.000 reales.
La actitud del Congreso respecto al proyecto de Guedes provocó un duro intercambio entre el ministro de Economía y Rodrigo Maia, el poderoso presidente de la Cámara Baja, miembro del partido derechista Demócratas.
Guedes, que prometió dimitir si no se aprueba su plan o si éste se modifica demasiado, afirmó que los congresistas amenazaban con acabar con la reforma de las pensiones y los acusó de no estar comprometidos “con las generaciones futuras”.
Maia respondió que el Gobierno era una “fábrica de crisis”.
Cambiar el sistema de jubilaciones es una de las promesas de Bolsonaro y se considera como una prueba clave sobre su capacidad de aplicar las medidas económicas con las que pretende darle un nuevo impulso a la mayor economía de América Latina.