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El Congreso de Perú reanudó este miércoles el debate por la cuestión de confianza que presentó el Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Martín Vizcarra, para impulsar sus reformas anticorrupción, que han encontrado fuerte rechaza en la principal bancada del legislativa, el partido de los Fujimori: Fuerza Popular.
Según la Constitución, la moción de confianza es un mecanismo por el cual el Ejecutivo puede consultar al Congreso sobre el tema que estime conveniente. Pero si los legisladores rechazan este pedido a dos gabinetes, como sería en esta ocasión, el presidente puede disolver el Congreso.
El gobierno está obligado en ese caso a convocar elecciones parlamentarias en cuatro meses, durante los cuales Vizcarra legislaría mediante decretos de urgencia.
Las primeras intervenciones del debate dejaron sin embargo ver un ánimo conciliador, distante de la confrontación de días previos.
Y el analista Aníbal Quiroga incluso dijo a la radio RPP, tras las primeras horas de discusión, que “se daría la confianza, (y) la disolución estaría descartada”.
El fragmentado Congreso está dominado por una frágil mayoría compuesta por Fuerza Popular y otros grupos minoritarios.
Los reflectores están puestos en este partido, que lidera Keiko Fujimori. La hija del expresidente Alberto Fujimori cumple prisión preventiva por supuestamente recibir fondos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial en 2011.
La izquierda, que suma 20 votos a través del Frente Amplio y Nuevo Perú, votará en contra para intentar acabar con la mayoría conservadora.
Reforma anticorrupción
Cinco proyectos de reforma están asociados a la moción. Estos contemplan regular el financiamiento de los partidos y cambios en el sistema electoral, entre otros.
También proponen que sea la Corte Suprema y ya no el Congreso el órgano que quite la inmunidad a un parlamentario, pues hubo casos de legisladores que amparados en sus fueros han intentado eludir condenas por delitos comunes.
Vizcarra impulsa la reforma para prevenir actos de corrupción en un país donde los cuatro anteriores presidentes están salpicados por el escándalo de aportes y sobornos de Odebrecht.
La empresa ha confesado que repartió millones de dólares entre figuras del poder, desde presidentes a alcaldes, para conseguir contratos de obras públicas.
La última vez que un presidente disolvió el Congreso fue en abril de 1992. En aquella ocasión, Alberto Fujimori (1990-2000) lo cerró con respaldo militar, detuvo a opositores y censuró a la prensa.
