Enviando corrección, espere un momento...
El gobierno de Nicolás Maduro ha sostenido que la falta de alimentos o medicamentos se deben a un bloqueo económico en contra de su país, acusando principalmente a Estados Unidos por las sanciones impuestas al régimen chavista.
2015: las primeras sanciones bajo la presidencia de Obama
Ya durante la presidencia de Barack Obama, EEUU aplica las primeras sanciones contra Venezuela. Con el decreto presidencial 13692, el expresidente estadounidense declaró a Venezuela en marzo de 2015 una “amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y para la política exterior de EEUU” y congeló bienes y cuentas bancarias de siete oficiales y altos funcionarios del gobierno de ese país, a los cuales, además, se les prohibió ingresar a EEUU o hacer negocios con ciudadanos estadounidenses.
2016: prolongación de las sanciones
En febrero de 2016, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pide al gobierno de EEUU no prolongar las sanciones vigentes. Pero Obama no accede a ese pedido y las prolonga por un año más.
Su argumento: la situación en Venezuela no mejoró en el transcurso del año anterior, sino que continuó la persecución de políticos opositores, las limitaciones a la libertad de prensa, la violencia y la violación de los derechos humanos durante las protestas contra el gobierno.
Mientras al final del periodo gubernamental, Obama apuesta por un acercamiento a Cuba, aligerando el embargo, aprieta las clavijas en el caso de Venezuela.
2017: Trump endurece las medidas de castigo
Las medidas contra Venezuela se incrementan con el sucesor de Obama, Donald Trump. En febrero de 2017, Washington promulga sanciones financieras contra el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, a quien EEUU acusa de estar implicado en el tráfico de cocaína.
A mediados de ese año, se produce una escalada de sanciones. Primero se aplican sanciones financieras contra 13 funcionarios del gobierno. A fines de julio, tras la controvertida elección de la Asamblea General Constituyente, que quiere reemplazar al Parlamento venezolano, le toca también a Maduro.
Al “dictador que no respeta la voluntad del pueblo venezolano” se le congelan todos sus bienes , y se prohíbe estrictamente a los ciudadanos estadounidenses negociar con Venezuela.
Una semana después se anuncian sanciones adicionales contra otros ocho funcionarios, entre ellos, Adán Chávez, el hermano del fallecido Hugo Chávez.
Además, el gobierno de Trump prohíbe el comercio con determinados bonos venezolanos de la petrolera estatal PDVSA. De ese modo, Venezuela no puede tomar crédito del sistema financiero de EEUU ni venderle activos. Esa limitación pretende dificultar al gobierno venezolano la obtención de dinero fresco. Con esas duras sanciones, Maduro perdería una importante fuente de ingresos.
Pero, según el presidente de Venezuela, eso golpea sobre todo al sistema de salud venezolano, que no puede importar 300.000 unidades de insulina porque la divisa venezolana se encuentra bloqueada por el Citybank. Asimismo, habría nueve millones de paquetes con alimentos básicos estacionados en un puerto extranjero, ya que que un banco de EEUU habría bloqueado el pago a causa de las sanciones.
2017: La Unión Europea también establece sanciones
En noviembre de 2017, también la Unión Europea aplica sanciones a Venezuela, y un año más tarde las prolonga, por lo cual aún están vigentes. Bruselas prohíbe la exportación de armas y equipamiento militar a Venezuela porque podrían ser utilizados para reprimir a la sociedad civil venezolana.
Más tarde se emite una prohibición de ingreso a la UE de 18 personas de círculo de confianza de Maduro, y se les congelan sus bienes. Los afectados serían responsables de violaciones contra los derechos humanos.
2018: EEUU sigue ajustando las clavijas
En enero de 2018, Washington continúa aumentando la presión sobre Venezuela. Esta vez, las sanciones afectan a mandos militares acusados de “corrupción y represión”. Una vez más se les congelan sus bienes y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses negociar con ellos. A principios de mayo se suman otras tres personas privadas a la lista de sanciones, y estas se aplican por primera vez también a 20 empresas.
Cuando Nicolás Maduro es reelecto en los polémicos comicios de fines de mayo de 2018 (la mayor alianza de oposición había boicoteado esas elecciones), Donald Trump agudiza una vez más el tono contra Venezuela, decretando que todas las empresas estadounidenses y todos los ciudadanos de EEUU tienen prohibido comprar bonos o títulos de deuda del gobierno venezolano. Lo mismo rige para el Banco Central de Venezuela y para la Petrolera PDVSA.
En septiembre, se ven afectadas la esposa de Maduro, Cilia Flores, y la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, así como el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino. “Muchas gracias, Donald Trump”, responde lacónicamente Maduro. Según él, es un honor recibir sanciones de EEUU.
Entretanto, el Ministerio de Finanzas de EEUU confisca en ese país un jet privado por un valor de 20 millones de dólares que pertenecería a un allegado del controvertido presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello. En noviembre de 2018, EEUU dicta también medidas punitivas contra las exportaciones de oro de Venezuela, para quitarle a Caracas una importante fuente de divisas.
2019: las sanciones afectan a los sectores económicos más importantes
En 2019, Trump tiene en la mira la fuente de ingresos más importante de Venezuela: la industria petrolera. Desde finales de enero, si bien EEUU puede comprar petróleo venezolano, debe realizar sus pagos a cuentas bloqueadas, es decir, que los bienes de Venezuela en el extranjero también se congelan.
Las medidas de castigo continuarán vigentes hasta que el país esté gobernado por “un gobierno de transición o un gobierno elegido democráticamente”.
El pasado viernes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Tesoro de EE.UU. congeló las cuentas y los bienes de otros altos funcionarios alineados con el gobierno de Nicolás Maduro. Eso afecta al jefe del Servicio Nacional de Inteligencia de Venezuela (Sebin), Manuel Ricardo Cristopher Figuera, al Primer Comisionado de Sebin, Hildemaro Jose Rodriguez Mucura; al comandante de la Dirección General de Contra-Inteligencia Militar de Venezuela, Iván Rafael Hernández Dala, al director de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional de Venezuela, Rafael Enrique Bastardo Mendoza, y al presidente de la petrolera estatal PDVSA, Manuel Quevedo.
