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El expresidente peruano Alberto Fujimori fue sacado el miércoles de la clínica donde estaba hospitalizado desde octubre y conducido fuertemente custodiado a una prisión para que complete su condena de 25 años por crímenes contra la humanidad.
El exgobernante, de 80 años, fue llevado a la misma prisión policial donde permaneció recluido durante una década, en cumplimento del fallo judicial que revocó el indulto que consiguió en la Navidad de 2017.
“Siento que el final está cerca”, dijo horas antes Fujimori en un manuscrito enviado a la AFP desde la soledad de la Clínica Centenario Peruano Japonesa, donde estuvo internado casi cuatro meses después de que fue anulado su indulto.
“Es por eso que volver a prisión es una condena de muerte lenta y segura”, agregó Fujimori, un ingeniero y matemático formado en Estados Unidos y Francia, que gobernó Perú con mano dura de 1990 a 2000.
Vestido con camisa clara y pantalón oscuro, el exmandatario viajó en el vehículo desde la clínica a la prisión acompañado por su hijo menor, Kenji Fujimori.
“Agradezco las muestras de solidaridad a mi padre”, escribió Kenji en su cuenta de Twitter, lamentando que volviera a prisión “a pesar de sus dolencias y su edad”.
El vehículo fue escoltado por motocicletas y varios autos policiales en un trayecto de 40 minutos hasta la prisión policial en Barbadillo, al este de Lima.
Hospitalizado el 3 de octubre tras sufrir una crisis cardíaca que le sobrevino cuando le comunicaron que la justicia había anulado su indulto, Fujimori salió de la clínica en medio de una gran cantidad de periodistas y de decenas de simpatizantes, bajo fuerte vigilancia policial.
El expresidente de ancestros japoneses pasó de manera austera los 10 meses que estuvo en libertad (antes de ingresar a la clínica), retirado de la política, viviendo solo en una casa alquilada del barrio acomodado de La Molina, al este de Lima, donde escribía sus memorias.
La autoridad penitenciaria lo recluyó nuevamente en la base de las fuerzas especiales de la policía en Lima para que complete los 15 años restantes de su condena por crímenes contra la humanidad cometidos durante su gobierno. Debe permanecer en prisión hasta mayo de 2033.
Fujimori estuvo preso en la misma base policial entre 2007 y 2017, luego de llegar extraditado desde Chile. Es el único recluso en ese lugar, donde dispondrá de cuidados médicos permanentes, según las autoridades.
Partidarios acudieron a apoyarlo
Decenas de seguidores del expresidente se congregaron en la clínica en las horas previas a su traslado a prisión.
“Es una venganza contra un gran presidente que derrotó al terrorismo y a la corrupción”, dijo a la AFP una mujer que se identificó solamente como Martha.
“Fuerza chino, Alberto Fujimori eres el mejor presidente del Perú! ¡El pueblo está contigo!”, rezan carteles alzados por los manifestantes.
Fujimori recibió el alta de la clínica luego que una junta médica determinó hace una semana que se encontraba estable y podía recibir tratamiento ambulatorio para sus dolencias.
Apelación pendiente
Sin embargo, la suerte de Fujimori no está aún sellada a nivel judicial, pues la Corte Suprema debe decidir un recurso contra la anulación del indulto.
“El indulto se justificó por varias enfermedades entre ellas la fibrilación auricular paroxística. El diagnóstico actual no es el mismo, pues se ha agregado ahora otro mal coronario”, alegó Fujimori en su manuscrito enviado a la AFP.
“La combinación de estos dos problemas con el trauma y el estrés que produce la cárcel es un camino seguro a un infarto cardíaco”, agregó.
Una sala de la Corte Suprema anuló el indulto el pasado 3 de octubre debido a irregularidades cometidas por el entonces presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski.
El tribunal peruano revisó el indulto a raíz de un fallo de julio de 2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En febrero de ese año, familiares de las víctimas de los dos casos que llevaron a prisión a Fujimori pidieron a ese tribunal que revirtiera el indulto.
Fujimori purgaba su sentencia por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde escuadrones de la muerte integrados por militares asesinaron a 25 personas en una supuesta operación antiterrorista. Las víctimas, entre las que había un niño de 8 años, no eran guerrilleros.
