El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, acusó este martes al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, de haber ordenado a “terroristas” promover actos de violencia en la manifestación opositora del miércoles para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro.

Según Rodríguez, algunos de los 27 militares detenidos el lunes por sublevarse contra Maduro confesaron haber entregado a activistas opositores parte de las armas que robaron “para que se perpetraran hechos de violencia, heridos y muertes en la manifestación”.

El ministro se refirió a esos activistas como “civiles pertenecientes a la célula terrorista Voluntad Popular”, partido del apresado líder opositor Leopoldo López y del presidente del Parlamento, Juan Guaidó.

De acuerdo con el funcionario, el plan consistiría en que personas vestidas con uniformes militares “eventualmente dispararían el día de mañana contra la manifestación opositora”.

“¿Para qué? Para cumplir las órdenes de Mike Pence”, aseguró, señalando al vicepresidente estadounidense, quien poco antes expresó su apoyo a las manifestaciones opositoras que exigirán un gobierno de transición y elecciones libres.

El ministro detalló que de las 51 armas robadas la víspera por el grupo de militares, 11 no han sido recuperadas y serían usadas para atentar contra la manifestación opositora.

También recordó hechos de violencia ocurridos en el marco de protestas en el pasado, por los que el gobierno responsabiliza a algunos líderes opositores y que, según dijo, lo que han buscado es el derrocamiento del gobierno.

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, también señaló a Pence, de quien dijo que “pretende ahora venir a gobernar Venezuela dando instrucciones de lo que se debe hacer mañana en Venezuela, llamando abiertamente a un golpe de Estado”.

“Yankee go home, no vamos a permitir que se inmiscuyan en los asuntos de la patria”, continuó.

El fugaz alzamiento del lunes calentó los ánimos de cara a las manifestaciones convocadas para el miércoles por opositores y por el oficialismo, el primer gran pulso en las calles tras las violentas protestas que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio de 2017.

Estados Unidos, así como la Unión Europea y gran parte de los países de América Latina, desconocen el segundo periodo de gobierno de Maduro, que arrancó el pasado 10 de enero.