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Un atentado con coche bomba contra una academia policial en Bogotá dejó el jueves al menos 21 muertos, incluido el presunto atacante, y 68 heridos, en un acto de terrorismo que enluta a una Colombia que patina en sus esfuerzos por silenciar el conflicto armado más antiguo de América.
Las autoridades identificaron al hombre que conducía el vehículo como José Aldemar Rojas Rodríguez, aunque no han revelado mayores pistas detrás de la peor acción terrorista en la capital colombiana en los últimos 16 años.
No obstante, en las últimas horas la prensa local ha publicado que Rojas Rodríguez estaría en el organigrama del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y quien habría respondido al alias de “Mocho Kico”.
En esa misma línea, la fiscalía colombiana apuntó que José Aldemar integraba el frente Adonay Ardila Pinilla, cuyas operaciones se concentraron en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare.
Además, otro de los datos manejados por las autoridades a cargo de las indagatorias guarda relación con las funciones que Rojas en la guerrilla, las que por 17 años abarcaron labores de “explosivista”, siendo también mano derecha de ‘Culebro Viejo’, cabecilla del frente Adonay Ardila Pinilla.
De nacionalidad colombiana, Rojas Rodríguez ingresó “de manera violenta” en una camioneta gris Nissan Patrol cargada con 80 kilos de pentolita a la Escuela de Oficiales General Francisco de Paula Santander, en el sur de Bogotá, indicó la policía en un comunicado.
Este “demencial acto terrorista no quedará impune, los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo, siempre lo hemos derrotado, esta no será la excepción”, dijo el presidente Iván Duque en una declaración a la prensa junto con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
Ni Duque ni Martínez vincularon a Rojas con alguno de los grupos armados que aún operan en Colombia, financiados por el narcotráfico, tras el pacto de paz con la otrora guerrilla FARC en 2016.
La explosión deja al menos 21 muertos y 68 heridos, 58 de los cuales fueron dados de alta, según la policía.
Las autoridades trabajan en la identificación de los cuerpos y temen que la cifra de víctimas aumente.
En el momento del estallido en el centro formativo había delegaciones policiales de Panamá y Ecuador. La cadete ecuatoriana Erika Chicó falleció y su compatriota Carolina Sanango quedó herida levemente. Dos uniformados panameños, de un grupo de 45 connacionales, resultaron lesionados aunque están “estables”, según el mandatario de su país, Juan Carlos Varela.
Entretanto, el gobierno colombiano decretó tres días de duelo.
Pocas pistas
Las autoridades colombianas no han precisado el número exacto de uniformados muertos.
El vehículo, que de acuerdo con la fiscalía había pasado por una revisión en julio en 2018 en Arauca (frontera con Venezuela), detonó en el marco de una ceremonia de ascenso de oficiales y cadetes tras irrumpir de forma violenta.
“Escuché como si se hubiera caído el cielo en la cabeza. Fue una explosión muy grande. Cuando salí había una humareda grande”, relató Rocío Vargas, una vecina del lugar.
Según versiones de policías, un perro antiexplosivos detectó la carga. Al verse descubierto, Rojas aceleró y atropelló a un agente. Tres uniformados fueron detrás del vehículo que explotó segundos después.
Se trata del peor acto de terror ocurrido en la capital colombiana desde febrero de 2003, cuando rebeldes del ahora partido FARC detonaron un coche bomba en el club El Nogal. Treinta y seis personas murieron y decenas más sufrieron heridas.
Alerta en el país
A raíz del ataque, el presidente Duque dijo en la noche en un mensaje a la nación que ordenó “fortalecer los controles sobre las fronteras y las entradas y salidas de las ciudades”.
“Igualmente, he solicitado dar prioridad a todas las investigaciones (…) para identificar a los autores intelectuales de este atentado terrorista y a sus cómplices”, señaló.
Duque, quien asumió el poder en agosto pasado, ha endurecido la política antidrogas tras heredar una cifra récord de cultivos ilegales y de producción de cocaína en 2017.
Al mismo tiempo ha fijado condiciones para reactivar los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla reconocida en Colombia. Aunque, ningún grupo se ha atribuido de momento este ataque.
Además del ELN -que en el pasado ha reconocido ataques con explosivos contra la policía-, operan bandas del narcotráfico de origen paramilitar y disidencias de las FARC que luchan por control territorial en medio de una espiral de violencia selectiva contra líderes sociales que deja 438 muertos desde enero de 2016.
Hace un año la policía también fue blanco de un atentado con bomba dentro de una comisaría en la ciudad caribeña de Barranquilla. Seis uniformados murieron y 40 sufrieron heridas. Días después el ELN, cuya delegación de paz está en La Habana, se adjudicó la acción.
Solidaridad internacional
La víspera del ataque de este jueves un nuevo grupo de aspirantes a oficiales había ingresado a la escuela. Otros, como Jonathan Oviedo, retomaban clases.
“Mi hermano Jonathan, que es cadete, alcanzó a hablar con nosotros y nos dijo que estaba herido, luego pasó al teléfono un teniente y se cortó la comunicación”, comentó Carol Oviedo.
Entretanto, Duque pidió la colaboración de los colombianos para “desarticular a la estructura criminal” que ejecutó el ataque, aunque se cuidó de mencionar a alguna organización en específico.
Desde la oficina de la ONU en Colombia hasta Estados Unidos, pasando por el gobierno de Venezuela -con el que Bogotá congeló relaciones- y la FARC condenaron el hecho y expresaron solidaridad.
Con unos ocho millones de habitantes, Bogotá había sido sacudida por esporádicas acciones de terror en 2017. En febrero de ese año, el ELN se atribuyó un atentado contra una patrulla policial que dejó un uniformado muerto y varios heridos de gravedad en el barrio La Macarena.
Ese mismo año, un atentado en un centro comercial dejó tres muertos y varios heridos. Las autoridades culparon del hecho al Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), un grupúsculo de izquierda radical.
