En el juicio que enfrenta Joaquín “Chapo” Guzmán en Estados Unidos se ha acusado al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, de recibir sobornos del crimen organizado en más de una ocasión, aunque esas afirmaciones generan dudas al carecer de pruebas que las sostengan.
El martes, Alex Cifuentes, un narcotraficante colombiano que fue socio de Guzmán, dijo que el exmandatario había recibido un soborno de unos 100 millones de dólares, lo que un vocero de Peña Nieto calificó de acusación falsa y difamatoria.
“Todos estos traficantes presumen ‘yo di mucho dinero, yo corrompí al presidente’, pero la lógica y el sentido común me dicen que es algo difícil. Simplemente no lo creo”, dice a la AFP Mike Vigil, exagente de la DEA.
Muchas de estas acusaciones, pese a las primeras planas que acaparan en los periódicos, no tienen sustento legal porque no van acompañadas de pruebas.
Cuando un narcotraficante corrompe a un político, suele tener alguna prueba porque es un mecanismo de chantaje que puede necesitar en el futuro, dice Raúl Benítez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ese fue el caso de Servando Gómez “La Tuta”, exlíder criminal del grupo conocido como “Caballeros Templarios”, hoy preso, quien llegó a grabar encuentros con distintos líderes políticos del occidental estado de Michoacán que luego filtraba a los medios.
Sin embargo, en el caso de las acusaciones contra Peña Nieto no se ha mostrado prueba alguna.
“Cien millones de dólares no se pueden esconder, tienen que haber sido entregados de alguna forma, en alguna cuenta o en varias o en propiedades o con joyas, y los narcotraficantes necesitan tener esas pruebas para que funcione”, dice Benítez.
El testimonio de Cifuentes no es el primero contra Peña Nieto. Al inicio del juicio, el abogado de Joaquín Guzmán, Jeffrey Lichtman, aseguró que el cártel de Sinaloa pagó cientos de millones de dólares a Peña Nieto y su antecesor Felipe Calderón (2006-2012), lo que ambos negaron rotundamente.
En esa ocasión tampoco hubo pruebas.
“Necesitarías un camión”
Vigil asegura que entregar un soborno de 100 millones de dólares sería difícil para cualquier criminal incluso para una organización como el cártel de Sinaloa, que dirigía Guzmán.
“Cuando trabajé en Panamá, pedí prestado un millón de dólares para mostrar a traficantes de Bolivia y Colombia. Todo estaba en billetes de 100 dólares y necesité una maleta grande para acomodarlo. Así que para 100 millones necesitarías un camión”.
“¿Cómo lo hicieron? ¿Manejaron hasta Los Pinos (la exresidencia oficial de los presidentes de México) y se lo dieron al presidente?”, agregó.
Sin embargo, el hecho de que no haya pruebas no significa que no sean posibles sobornos al más alto nivel en el gobierno de México.
“Sí es posible, en la medida en que los capos del narcotráfico han tenido acceso a altas autoridades y con las que pueden incluso conversar”, dice José Reveles, periodista y autor de libros sobre el narcotráfico.
“Todo es posible. Lo que falta es confirmar, comprobar y que den los datos precisos”, agrega.
Una investigación
Hasta el momento, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se debe esperar a que se presenten pruebas sobre las acusaciones de sobornos contra Peña Nieto y Calderón.
Sin embargo, sí ha planteado una consulta ciudadana para saber si se debe enjuiciar a los exmandatarios por la crisis, que dice, hay en México por el llamado “periodo neoliberal”.
Para Reveles, el nuevo ejecutivo debe investigar las acusaciones, aunque duda que lo vaya a hacer. “No es una prioridad para este gobierno”, asegura.
Guzmán, de 61 años, está acusado de enviar 155 toneladas de cocaína a Estados Unidos, a donde fue extraditado el 19 de enero de 2017.