Nicaragua vivirá este año una Navidad triste marcada por una ola represiva del gobierno de Daniel Ortega contra medios de prensa y organismos de derechos humanos, en medio de una prolongada crisis política sin asomo de solución, comentaron este domingo analistas.

A pocos días del 25 de diciembre, policías arremetieron contra el canal independiente 100% Noticias, crítico con Ortega, y tomaron presos a su director, Miguel Mora, y a la periodista Lucía Pineda.

Ambos enfrentan cargos de “terrorismo”, como muchos de los detenidos por participar en protestas antigubernamentales en los últimos ocho meses.

Días antes fue allanado el diario digital Confidencial, del periodista opositor Carlos Fernando Chamorro, mientras que organismos de derechos humanos han sido intervenidos y dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron expulsadas.

“Hay una gran tristeza en la mayoría de la población por todo lo que hemos pasado, muchas familias tienen muertos, heridos, encarcelados o exiliados”, dijo a la AFP la escritora Gioconda Belli.

“Dios está de parte de las víctimas, nunca de parte de los opresores (…) la mejor navidad sería ver libres a los presos políticos”, dijo durante su homilía el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.

Unos 600 estudiantes, líderes campesinos y pobladores que participaron en las protestas que estallaron en abril, están detenidos y algunos han sido condenados a penas máximas de 30 años por delitos de terrorismo y crimen organizado, entre otros cargos.

“El país esta dividido en dos realidades, la que quiere el gobierno y la que sentimos todos los que protestamos, que fueron multitudes, hasta que nos prohibieron ir a la calle”, apuntó Belli, autora de “El país bajo mi piel”.

“No voy a poder ver a mi hijo en la Navidad. Él se tuvo que ir” porque se sentía amenazado, manifestó Belli.

En el antiguo centro de Managua y en las nueve rotondas que sirven como enlaces viales en la ciudad, hay adornos festivos como árboles de Navidad y luces, un contraste con el clima de tristeza que reina en el país.

“Es una realidad puesta encima del dolor de la gente y que pretende mostrar que todo esta normal (…) Es una realidad muy esquizofrénica en cierta manera”, comentó Belli.

Doble discurso

Al margen del ambiente festivo que promueve el gobierno, el Grupo Interdisciplinario de Expertos internacionales (GIEI), de la CIDH, publicó el viernes un informe en el que acusó al régimen de Ortega de cometer “crímenes de lesa humanidad” en la represión de las protestas.

Antes, a nueve organizaciones civiles y de derechos humanos les fue cancelado el registro legal y sus bienes fueron ocupados por el Estado.

La detención de dos figuras del canal 100% Noticias generó indignación internacional, en especial en Costa Rica, cuyo gobierno ha reclamado por la situación de Lucía Pineda, de doble nacionalidad nicaragüense y costarricense.

La cancillería de Costa Rica en un comunicado señaló en un comunicado que realiza gestiones y está atenta a las medidas legales contra Pineda.

“El mensaje es bastante claro: callar a los periodistas. Muchos comunicadores se estarán ahora pensando muy bien antes de presentar una noticia porque esa es la intención: infundir el miedo, decirle a los comunicadores vamos en serio, miren a Miguel y miren a Lucia”, manifestó a la AFP Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

“Hay un doble discurso del gobierno. Por un lado están tratando que haya un discurso de amor, paz y reconciliación y por otro lado están persiguiendo y procesando, metiendo preso y torturando” a los que no piensan como ellos, agregó Cuevas.

“Esta es una navidad amenazada, pareciera que en este país solo van a tener cabida los que piensen como el gobierno, y que todos los demás estamos anulados, en peligro y amenazados por pensar como pensamos”, concluyó Belli.

Las protestas antigubernamentales se iniciaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de seguro social y devino en una demanda para la renuncia de Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo.

Sus detractores los acusan de instaurar un régimen autoritario en Nicaragua.