El parlamento de Nicaragua canceló este miércoles la personería jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) al que acusó de alterar el orden público y realizar acciones desestabilizadoras en el contexto de protestas antigubernamentales.

La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, alegó que el Cenidh, con 28 años de existencia, no renovó su junta directiva y no reportó sus estados financieros en 2017, según un informe del Ministerio de Gobernación.

Esta entidad es la cuarta a la que se quita su reconocimiento jurídico por argumentos que, según la oposición, esconden razones políticas.

Según la Asamblea Nacional, las acciones de la Cenidh “han sido totalmente parcializadas para un sector de la sociedad”.

Cenidh ha tenido un papel activo en documentar las muertes, detenciones y abusos cometidos desde el estallido de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en abril pasado.

Al menos 320 personas han muerto por la represión a las protestas, según la entidad.

La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, negó las acusaciones y aseguró que la crisis política les impidió celebrar la asamblea para renovar su directiva en abril, pero que lo hicieron en una fecha posterior.

La acción contra el Cenidh fue repudiada por organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

AI calificó como “alarmante” la supresión del registro a Cenidh, que deja en “indefensión” a las víctimas de la represión.

Mientras tanto, la FIHD, señaló que “cancelar la personería jurídica al Cenidh significa (la) entrada definitiva a un régimen dictatorial”.

“Esta acción es un ejemplo más de las acciones del gobierno de Nicaragua para criminalizar y silenciar a organizaciones sociales que de manera legítima defienden los derechos de los nicaragüenses”, advirtió la directora de Seguridad Ciudadana de WOLA, Adriana Beltrán.

También le fue cancelado el registro legal de la organización Hagamos Democracia, que dirige el exdiputado liberal Luciano García.

Con ello son cuatro las ONG que se les ha suspendido la legalidad desde el 29 de noviembre, cuando fue cancelado el Centro de Información y Servicios en Asesoría de Salud (CISAS), de la costarricense-nicaragüense Ana Quirós, quien fue expulsada del país.

El martes también fue anulada la personería del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEP), cuyo director Felix Maradiaga se declaró un perseguido político.