La deforestación en Brasil, con la mayor área amazónica del continente americano, subió un 13,72% entre agosto de 2017 y julio de 2018 según cifras oficiales, un área equivalente a un millón de campos de fútbol, de acuerdo a Greenpeace.

Según el gubernamental Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, el área total deforestada es de 7.900 kilómetros cuadrados, equivalente a 5,2 veces la ciudad de Sao Paulo.

“Es más o menos 1 millón de campos de fútbol deforestado en solo un año (…). Todos los años tenemos esa noticia de que los bosques están siendo deforestados por el crimen”, dijo a la agenicia France-Presse (AFP) el coordinador de políticas públicas de Greenpeace Brasil, Marcio Astrini.

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Astrini cree que la situación podría empeorar si el presidente electo, el derechista Jair Bolsonaro, concreta sus promesas de modificar algunas normativas ambientales.

Entre estos aspectos están someter el Ministerio de Medio Ambiente al de Agricultura, privilegiando las plantaciones de alimentos en detrimento de áreas naturales.

Además de tener una vasta área amazónica, Brasil es un importante productor mundial de alimentos.

“La situación está difícil y puede empeorar, porque el próximo presidente de Brasil, Bolsonaro, ha hecho una serie de amenazas a los bosques durante su campaña electoral”, agregó Astrini.

“Dijo que acabaría con las áreas protegidas, las tierras indígenas, disminuiría los poderes de fiscalización y las sanciones a los crímenes ambientales. Todo lo que hizo disminuir la deforestación antes. Si elimina todo eso puede desatarse una situación inimaginable” consideró.

Brasil registró disminuciones progresivas de la deforestación entre 2004 y 2012, precisamente por medidas de control de parte del gobierno y sector privado.

Bolsonaro ha dado a entender que podría reconsiderar el proyecto de fusionar los ministerios, que le valió varias críticas.

“Tuvimos esa idea (…), pero parece que será modificada. Todo indica que serán dos ministerios diferentes”, dijo a inicios de noviembre. La sugerencia vino del sector agroindustrial.

“Los propios ruralistas (representantes del agronegocio) sugirieron que no era lo mejor, para evitar presiones internacionales, entre otras cosas, y yo dije que estoy pronto para dar marcha atrás”, agregó, aunque aseguró que no cederán a presiones de las ONG.