Las sentencias de 15 a 24 años de cárcel impuestas a estudiantes y pobladores por la justicia nicaragüense son “injustas” y un “castigo” para quienes protestan contra el gobierno, dijeron este miércoles sus familiares y abogados.

El juez séptimo penal de Juicio, Melvin Vargas, impuso en la jornada penas de 17 años y seis meses de cárcel a Kevin Espinoza, Marlon Fonseca y Hanssel Vázquez, encontrados culpables de terrorismo y otros delitos.

Por los mismos cargos la jueza segundo de Distrito Penal de Juicio, Adela Cardoza, condenó a nueve manifestantes de los llamados “autoconvocados” del municipio Tipitapa (20 km al norte de Managua), con penas de 15, 20 y 24 años de cárcel, dijo a la AFP, su abogado Julio Montenegro.

A los procesados de Tipitapa se les imputó la colocación de barricadas o bloqueos de vías en 12 puntos del país, aunque esa acusación no fue demostrada por la fiscalía mencionó la defensa.

“Estas son las primeras sentencias por delito de terrorismo” que emiten los tribunales de justicia contra personas que desde abril pasado protestan contra el gobierno destacó Montenegro, quien consideró “nulos” los procesos debido a una serie de irregularidades.

Otras sentencia fue por el caso de la muerte del periodista Angel Gahona, el 21 de abril, pero sus familiares consideran que no ha dictado justicia y señalan como responsables a agentes policiales.

Por su lado, el manifestante Carlos Bonilla fue condenado a 30 años por la muerte de un agente y a 60 años por asesinato en grado de frustración contra otros cuatro policías (15 por cada uno), pero Montenegro asegura que su responsabilidad no fue debidamente probada. No obstante, sólo cumpliría 30 años en prisión, pena máxima establecida en el código penal nicaragüense.

En junio, en medio de las protestas contra el gobierno que han dejado ya 320 muertos, 2.000 heridos y unos 500 detenidos, el Parlamento aprobó una ley que sanciona el delito de terrorismo, la cual según opositores busca criminalizar la protesta.

“Esas sentencias son irregulares desde el momento de la detención por paramilitares, con allanamientos de morada sin orden judicial”, explicó Montenegro.

El jurista estimó que lo que sus defendidos hicieron fue participar en protestas “lo que no tiene nada que ver con terrorismo”, como se define ese delito.

La mayoría de los procesados tienen “un cóctel de delitos” que van desde terrorismo, crimen organizado, asesinato, robo, portación ilegal de armas, entre otros, mencionó.

La policía, los fiscales y los jueces del sistema de justicia “actúan de forma combinada” en las irregularidades, alegó Montenegro.

Escarmiento para no protestar

“Esa sentencia es ridícula porque esta completamente fuera de lugar (…) protestar nada tiene que ver con terrorismo”, dijo a la AFP, Liliam Ruiz, madre del condenado Hansell Vázquez.

Ruiz manifestó que con esas sentencias lo que “quieren es escarmentar e intimidar a la gente” para que deje de protestar.

El veredicto será apelado, adelantó Ruiz, quien expresó su alivio porque “en medio de tantos cargos contra mi hijo, damos gracias a Dios que la condena no fue una brutalidad de 28 o 30 años”.

“Aquí no hay justicia, no podemos confiar en esos procesos que no son transparentes mientras estén ahí esas personas (jueces)” que no actúan con imparcialidad”, dijo la estudiante Jaqueline Zapata, amiga de Vázquez.

Organismos de derechos humanos estiman que unas 300 personas, de 500 detenidas por participar o apoyar las protestas, son acusadas penalmente de delitos graves, incluyendo terrorismo y crimen organizado.

Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una fallida reforma del sistema de pensiones, pero con la espiral de violencia en la que han muerto más de 320 personas, se transformó en una demanda para la renuncia del presidente izquierdista Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo.