La ONU estima que desde 2015 más de 1,6 millones de venezolanos abandonaron su país con el objetivo de buscar un mejor futuro, la mayoría afectados por la grave y sostenida crisis económica del país llanero, que ha llevado a la nación con mayores reservas de crudo del mundo a experimentar una hiperinflación histórica, escasez de alimentos y medicamentos.
Al principio la migración fue liderada por personas con un alto poder adquisitivo, quienes tenían acceso a dólares y a un pasaje en avión, eso llevó a que los primeros destinos de la migración venezolana fueran Estados Unidos, Europa (España principalmente), Chile, Argentina y Colombia.
La migración era a través de aviones y a países que no exigían mayores resistencia a la llegada de venezolanos, ya sea por acuerdos entre Estados (con España y el bloque del Mercosur), falta de regulación (Chile) o por solicitudes asilo político (Estados Unidos).
“La migración venezolana se ha profundizado muchísimo en los últimos 4 años. Tuvo una primera fase que era de gente más joven, profesional, que que se iban buscando nuevas oportunidades, pero esa migración luego se convirtió en diáspora. Se ha convertido en una huida desesperada de distintos sectores de la población que huyen de Venezuela, que quieren dejar el hambre, la miseria, las enfermedades”, explicó en junio a BioBioChile vocera de Transparencia Venezuela en Lara, Yonaide Sánchez.
El 90% de ellos se han refugiado en países de América Latina, según cifras de la oficina de la ONU para los refugiados (ACNUR) y la Organización para las Migraciones (OIM).
Tras la primera ola migratoria, en 2017 y los primeros meses de 2018, los venezolanos comenzaron a través del transporte terrestre, buscando destinos más cercanos, como pueblos fronterizos en Colombia y el norte de Brasil, particularmente la región de Roraima.
La situación se agravó en estas zonas, donde incluso se han registrado episodios de xenofobia y agresiones a grupos de venezolanos, acusados de la población local de aumentar la criminalidad, aumentar la competencia por un puesto de trabajo y problemas sanitarios.
Medidas para contener la migración
Uno de los primeros países en exigir un documento particular a los venezolanos fue Chile en abril de 2018, cuando el gobierno de Sebastián Piñera anunció la creación de la visa de responsabilidad democrática, la cual debe ser solicitada en Venezuela.
El proceso tiene un costo de al menos 30 dólares, que en dinero venezolano son más de 7 millones 450 mil bolívares, aproximadamente.
De acuerdo a información entregada por la Policía de Investigaciones (PDI) publicada por el diario La Tercera, en el primer semestre de 2018, 9.626 venezolanos ingresaron al país con la llamada “visa de responsabilidad democrática”, la que fue solicitada en este periodo por 64.932 venezolanos.
A medida que algunos destinos se hacían inalcanzables, ya sea por razones legales o económicas, los venezolanos comenzaron a migrar hacia destinos más cercanos: Colombia, el norte de Brasil, Ecuador y Perú.
La migración dejó de realizarse en aviones y se comenzaron a difundir imágenes de cientos de venezolanos caminando por las fronteras o llenando autobuses. Uno de los países que más sintió este cambio fue Ecuador, que hasta 2017 apenas se había resentido.
Las autoridades estiman que en Ecuador viven unos 200.000 venezolanos, pero de acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) más de 550.000 personas han llegado desde Venezuela, en la gran mayoría de los casos por travesías de miles de kilómetros que muchos cubre a pie y en condiciones precarias.
De acuerdo a organizaciones internacionales, Ecuador es usado como un punto de paso hacia otros destinos como Perú, Argentina o Chile. Pero ante la gran llegada de migrantes, el gobierno de Lenin Moreno anunció a principios de agosto que exigirá a todos los venezolanos que porten su pasaporte al ingresar al país.
La medida fue suspendida por la justicia ecuatoriana, pese a eso el gobierno se vio obligado a abrir un corredor humanitario para que los miles de migrantes puedan cruzar el país desde Colombia a Perú.
Al igual que Ecuador, Perú también anunció la medida de exigir pasaporte a los venezolanos que llegasen a pie al país, pero debió desistir tras la presión internacional y mantuvo la político de no exigir el documento y que puedan acogerse como refugiados. Igualmente desde el gobierno de Martín Vizcarra han declarado que la “migración está desbordada”.
“En estos momentos, nosotros ya tenemos un problema que empieza a ser cada vez mucho más sensible en los temas de salud, en los temas de educación de los niños que están viniendo y también en los temas de trabajo”, dijo el primer ministro peruano César Villanueva, antes de retractarse de exigir pasaporte.
En lo que va del año más de 300.000 venezolanos llegaron a Perú. El gobierno estima que la cifra de desplazados a este país llegará al medio millón antes de noviembre.
Perú declaró emergencia sanitaria en las zonas que limitan con Ecuador, donde cientos de venezolanos acampan cada día, con la esperanza de llegar al país del Rímac.
La medida se adopta por “el peligro inminente de afectación a la salud y saneamiento (de la población), ante el incremento de la migración internacional proveniente del norte”, señala el decreto firmado por el presidente Martín Vizcarra y el gabinete ministerial.
En Colombia la migración ha tenido dos caras; una de las personas que se radican en el país cafeteros y otra la de cientos de miles de venezolanos que cruzan la frontera para comprar productos de primera necesidad, que no pueden encontrar en Venezuela.
Colombia ha recibido a más de un millón de venezolanos en los últimos 16 meses, y ha regularizado temporalmente a 820.000 de ellos. Pero ante la gran cantidad de migrantes y la escasez de recursos algunos buscaron la forma de transitar con dirección a Perú o Ecuador.
El gobierno del expresidente Juan Manuel Santos inició una política de endurecimiento de la política migratoria, abriendo un registro de los venezolanos en Colombia y bloqueando la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, que permitía a venezolanos transitar al país vecino sin cambiar de residencia.
Aunque las situación ha sido controlada en Colombia, Perú y Ecuador, ya sea por fallos judiciales o decisiones políticos, los gobiernos de ambos países coinciden en tomar medidas para controlar la migración y evitar lo que ocurre en Brasil o en las costas europeas con migrantes africanos.
Caos en Brasil y xenofobia
La zona de Sudamérica donde ha explotado la crisis migratoria es el estado fronterizo de Roraima en Brasil, donde las autoridades estiman que cada día ingresan 800 venezolanos. La situación llevó a que el gobierno de Michel Temer autorizara el envío de las Fuerzas Armadas a la zona.
“Decreté hoy el empleo de las fuerzas armadas (…) en Roraima. Naturalmente, para ofrecer seguridad a los ciudadanos brasileños y a los inmigrantes venezolanos que huyen de su país en busca de refugio en Brasil”, dijo Temer.
De acuerdo con la Policía Federal de Brasil, desde principios de 2015 hasta junio de este año, 56.740 venezolanos solicitaron refugio, aunque es difícil precisar cuántos permanecen en el país.
Según la última estimación de la alcaldía de Boa Vista, capital de Roraima, a 200 km de la frontera, unos 25.000 venezolanos están instalados actualmente en la ciudad, lo que equivale al 7,5% de su población total, de más de 300.000 habitantes.
Muchos fueron alojados en una decena de refugios gestionados por el Ejército brasileño, la agencia de la ONU para los Refugiados y diversas organizaciones, pero cerca del 10% (2.500) todavía duerme en la calle.
Muchos acampan durante meses en esquinas y terrenos baldíos, viviendo de donaciones de comida y ropas. También es común ver en los semáforos grupos de hombres y mujeres lavando los vidrios de los autos y ofreciendo otros servicios por monedas.
La ola de inmigrantes buscando atención médica y servicios básicos puso bajo presión a los hospitales y escuelas de la ciudad, así como al saturado mercado de trabajo.
Los hospitales de Roraima registraron más de 50.000 consultas y atenciones médicas a venezolanos en 2017, un número que alcanzó los 45.000 apenas en los primeros tres meses de este año, según cifras oficiales.
El envío de tropas se produce a menos de dos semanas después de una explosión de violencia de habitantes de Pacaraima, una pequeña localidad fronteriza, contra refugiados venezolanos. Los ataques se originaron después de que corriera la noticia de que un comerciante había sido herido durante un asalto supuestamente cometido por inmigrantes venezolanos.
“No me parece que Brasil sea más reticente que otros [países] a recibir inmigrantes. [El problema es que] la región específica por donde llegan es un área muy necesitada”, señaló Kai Kenkel a la AFP, profesor de Relaciones Internacionales especializado en seguridad, de la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro (PUC-Rio).
Pero la situación más dramática se vivió el pasado 18 de agosto, cuando vecinos de Pacaraima expulsaron por la fuerza a unos 1.200 venezolanos que acampaban en las calles de la pequeña ciudad, primer punto de contacto con Brasil en el paso de frontera. El incidente se produjo tras la agresión a un comerciante brasileño, que resultó herido.
Familiares de la víctima responsabilizaron a los inmigrantes y decenas de vecinos de Pacaraima, en represalia, atacaron los dos principales campamentos improvisados de los venezolanos y quemaron sus pertenencias, por lo que huyeron, cruzando la línea divisoria de vuelta a su país.
“No es que no queramos a los venezolanos. Lo que tenemos que hacer es poner a los delincuentes en su sitio, como a esos que me torturaron. La Policía Federal tiene que verificar los antecedentes de los inmigrantes en la frontera”, contó un brasileño a diario El País de España, asegurando que fue agredido por un venezolano.
En las últimas semanas, algunos brasileños patrullan calles de Pacaraima a la caza de venezolanos, que dicen tener miedo tras la destrucción de un campamento. Mientras la Policía habla de “calma”, los refugiados afirman que “la amenaza continua”.
“La misma Policía hace la vista gorda con los motociclistas que patrullan en busca de venezolanos (…) Estamos siendo tratados como basura, como animales”, contó Miguel Ángel García, un venezolano que perdió sus escasas pertenencias en el ataque xenófobo consignó la Deutsche Welle.
¿Y en Venezuela?
El gobierno de Nicolás Maduro llamó a sus compatriotas a retornar a Venezuela, señalando que han sido víctimas de racismo y agresiones en el extranjeros
“Dejen de lavar pocetas (retretes) en el exterior y vengan a vivir la patria”, dijo Maduro el martes en su primera declaración sobre el tema en estas semanas en que el éxodo se disparó.
Pero las palabras de Maduro se complementan con los dichos de otros importantes personeros del chavismo, que han negado la existencia de una crisis humanitaria en la diáspora de venezolanos y acusan una campaña de desprestigio internacional.
El sindicado como el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, denunció como montajes las imágenes de cientos de venezolanos cruzando a pie o en buses las fronteras de Colombia, Ecuador o Perú.
“Los bajan de los autobuses por Colombia, por Perú, y les toman la foto, y hacen una superproducción tipo Hollywood (…). Es una campaña contra nuestro país”, dijo el dirigente durante su programa de televisión semanal.
“Esos mismos que hoy maltratan a venezolanos en Perú, seguramente tienen a familiares aquí, que fueron acogidos hace 20 años con cariño, con amor. O a los que nos maltratan en Colombia, imagínense, más de 5,5 millones de colombianos aquí en Venezuela, con cariño se les han entregado viviendas”, añadió Cabello.
Por su parte, el vocero Jorge Rodríguez calificó como “fake news” las informaciones que apuntan a una salida masiva de venezolanos e incluso, se atrevió a afirmar que el 20% de las personas que viven en Venezuela son extranjeros
“Estamos recibiendo solicitudes por miles en nuestras embajadas (…), pero no podemos expresarlo hasta que eso esté ocurriendo en tiempo real para evitar cualquier tipo de retaliaciones”, dijo a periodistas el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
“Nos vamos a la oficina de Naciones Unidas para la atención de refugiados para que los gobiernos de Colombia, de Ecuador y de Perú respondan. Nosotros los seguiremos atendiendo, porque así somos los venezolanos, gente decente, digna, solidaria, gente generosa, pero así no son el gobierno de Colombia, ni el de Perú, ni el de Ecuador”, acusó.
Actuar internacional
Las eventuales restricciones en Ecuador y Perú, además de la violencia registrada en Brasil, ha volcado la atención de la comunidad internacional en torno a la crisis migratoria de venezolanos, que de acuerdo a organizaciones internacionales es un fenómeno sin comparación en la historia de Sudamérica.
“La crisis que actualmente enfrenta la región no tiene paralelo alguno en la historia de nuestro continente. Tanto por la magnitud de la población en movimiento, como por la celeridad con que este desplazamiento se ha presentado. Ello obliga a todos los actores involucrados a fortalecer, mejorar y, en su caso, desarrollar nuevos mecanismos internos y de responsabilidad compartida para atender la situación de aquellas personas que se han visto forzadas a migrar”, señalaron diversas organizaciones civiles de la región en una carta publicada por Amnistía Internacional.
El gobierno de Ecuador fue el primero en alertar a la comunidad internacional sobre los costos de la migración venezolana, por lo que convocó para este lunes y martes a 13 gobiernos de la región, para buscar una solución continental a esta crisis.
En la misma línea apuntó la Organización de Estados Americanos (OEA), después de que el secretario general de la institución, el uruguayo Luis Almagro, convocara para el miércoles 5 de septiembre a una sesión extraordinaria para abordar el tema.
“Lamentablemente, por las condiciones del gobierno dictatorial que sufre Venezuela y su completa disociación de los problemas de su gente, el mismo está mostrando su incapacidad absoluta para asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de la mayor parte de su población”, declaró Almagro una semana antes de convocar la sesión.
A nivel global, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, propuso el jueves en Colombia como solución que los países de la región se repartan -según su capacidad- además de buscar una cooperación económica por parte de la Unión Europea.
Mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se comprometió con el gobierno de Colombia a crear un equipo especial para dar una respuesta regional a la migración venezolana, el que tendrá expertos de la Acnur y de la Organización Internacional para las Migraciones, entre otras unidades de la organización planetaria.
“Lo que se necesita desesperadamente es liderazgo, probablemente de parte de Colombia o Brasil, que permita empezar a trabajar en un acuerdo general sobre cómo enfrentar los desafíos de este éxodo masivo” en términos prácticos, regional e internacionalmente, advierte Peter Hakim, del centro de análisis Diálogo Interamericano (IAD), con sede en Washington a la AFP.