El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU instó este miércoles a la comunidad internacional a tomar medidas para frenar la crisis en Nicaragua, sumida en un “clima de miedo” tras meses de violenta represión de manifestaciones opositoras.

“La represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista”, señaló Zeid Ra’ad Al Hussein en un comunicado, en ocasión de la publicación de un informe.

“La violencia y la impunidad de los últimos cuatro meses han puesto de relieve la fragilidad de las instituciones del país y del Estado de derecho, y han generado un contexto de miedo y desconfianza”, agregó.

Las manifestaciones de la oposición en Nicaragua, dirigido desde 2006 por el exguerrillero sandinista Daniel Ortega, comenzaron en abril contra una reforma de la seguridad social -luego abandonada-, para endurecerse y extenderse por todo el país en respuesta a una violenta represión, que ha provocado más de 300 muertos y 2.000 heridos.

Entre las violaciones de los derechos humanos documentados en el informe figuran “el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y generalizadas, las torturas y los malos tratos”.

El informe también destaca la violencia de los opositores y subraya los ataques contra miembros del partido gobernante, funcionarios del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad, subrayando la muerte de 22 policías.

“El grado de brutalidad de algunos de estos episodios, que incluyeron quemaduras, amputaciones y profanación de cadáveres, ilustra la grave degeneración de la crisis”, reza el informe que reclama la investigación de esos abusos.

La Oficina del Alto Comisionado divide la crisis en distintas fases: la “represión” de manifestaciones por parte de la policía y elementos armados progubernamentales, seguida de una fase de “limpieza” (desde mediados de junio hasta mediados de julio), durante la cual la policía y los elementos armados progubernamentales desmantelaron las barreras en las carreteras y las barricadas.

Finalmente, los manifestantes y otros opositores al gobierno han sido “perseguidos y criminalizados”, según la ONU, que destaca que los elementos armados actuaron en acuerdo con las autoridades del Estado y la dirección de la Policía nacional.

El gobierno “tolera su acción y les permite actuar con absoluta impunidad”, escribe el Alto Comisionado en el comunicado.

“Insto al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional en general a que adopten medidas específicas con el fin de evitar que la crisis actual degenere en disturbios sociales y políticos aún más graves”, lanzó Zeid, señalando, como ya lo había hecho en junio, la apertura de una investigación internacional.