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La oposición nicaragüense intensificará a partir de este jueves su presión contra el presidente Daniel Ortega, con una manifestación y un paro general.
Pero el gobierno, en contraofensiva, prepara su marcha de conmemoración revolucionaria hacia Masaya, la ciudad más rebelde del país.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -de la sociedad civil- reiteró este miércoles su llamado a una marcha para la mañana del jueves y a un paro nacional el viernes, el segundo durante la crisis.
“Que el pueblo se desborde para obligar a Ortega a renunciar. Si tocan a Masaya, tenemos que protestar. No le podemos permitir que se siga manchando las manos de sangre”, dijo la líder campesina Francisca Ramírez, miembro de la Alianza, en rueda de prensa.
El gobierno anunció para el viernes, día del paro, el llamado “repliegue”, una caravana que anualmente encabeza Ortega hasta Masaya para recordar una gesta de la revolución sandinista de 1979.
En las últimas semanas, Ortega, exguerrillero sandinista de 72 años, intensificó la “operación limpieza” con policías y paramilitares para derribar barricadas de adoquines que levantaron manifestantes en las calles, intensificándose la violencia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este miércoles en Washington, ante el consejo permanente de la OEA, el aumento de la “represión contra los manifestantes” y cifró en 264 las muertes en la ola de violencia desatada durante casi tres meses de protestas.
“Queremos instar a Nicaragua y hacer un llamado a garantizar las protestas pacíficas y de las manifestaciones que siguen”, dijo en su intervención el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, calificó el informe de la CIDH de “apresurado”, “prejuicioso y carente de objetividad”. “No puede confundirse una protesta pacífica con actos terroristas” y “golpistas”, sostuvo.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está “profundamente preocupado” por la “intensificación” de la violencia en Nicaragua, según la cuenta de Twitter de Naciones Unidas.
“Aquí los esperamos”
Policías vigilan las entradas de Masaya, ubicada a 35 kilómetros al sur de Managua, haciendo temer una violenta incursión, antes de “el repliegue” el viernes, en el aguerrido barrio de Monimbó.
“No al repliegue”, “Jamás nos rendiremos”, “Monimbó resiste hoy, mañana y siempre”, se lee en paredes y barricadas que reforzaron sus pobladores indígenas.
Todos están en guardia. “Estamos pendientes de si el régimen nos viene a atacar. Nos quieren intimidar, pero Monimbó está resistiendo, fuerte y firme para protegerse y combatir”, dijo a la agencia internacional Agence France-Presse (AFP) Wilfredo, un transportista de 25 años, cerca de una trinchera.
“Aquí los esperamos en Monimbó, no tengo miedo. Pasé las guerras civiles de los 70 y los 80. Estamos en resistencia porque queremos la patria libre”, dijo a la AFP María González, de 78 años, quien vendía alimentos junto a una barricada.
Las manifestaciones contra el gobierno partieron el 18 de abril contra una fallida reforma al sistema de pensiones, pero tras la represión se extendió a la exigencia de salida del poder de Ortega, quien gobierna desde 2007 por tercer periodo consecutivo, a quien acusan de instaurar una dictadura junto con su esposa, Rosario Murillo.
Uso de armas de guerra
La Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (Anpdh) exigió este miércoles al ejército investigar denuncias de uso de armas de alto calibre como lanzagranadas RPG7 y ametralladoras por parte de grupos armados ilegales que actúan con la policía en la “operación limpieza” y para reprimir las protestas.
Existen “evidencias por denuncias de la ciudadanía de utilización de armas de guerra de alto calibre y granadas de demolición de uso exclusivo del ejército” en algunas ciudades, dijo el secretario de Anpdh, Álvaro Leiva.
El ejército de Nicaragua afirmó el martes que tiene “control absoluto” de su arsenal y negó cualquier involucramiento en actos de represión a manifestantes.
A fin de encontrar una salida a la crisis, la Iglesia propuso adelantar los comicios de 2021 a 2019 en la mesa de negociación entre el gobierno y la Alianza Cívica. Pero el sábado, el mandatario, de 72 años, descartó anticipar los comicios.
Tras esas declaraciones y una violenta incursión el domingo en las ciudades de Diriamba y Jinotepe, en el suroccidental departamento de Carazo, que dejó una veintena de muertos, la Iglesia puso en duda la continuidad el diálogo.
Pero el martes decidió seguir como mediadora de las conversaciones, incluso luego de una agresión que sufrieron el lunes obispos y sacerdotes en la irrupción de grupos progubernamentales en templos católicos de Diriamba y Jinotepe.
