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Las elecciones generales del domingo son las más grandes en la historia de México y también las más violentas, con al menos 136 políticos asesinados desde septiembre, cuando se inició el proceso electoral.
Una imagen quedará para siempre grabada de la campaña electoral mexicana: un aspirante a diputado se toma una “selfie” y es inmediatamente baleado por la espalda.
Fernando Purón, candidato a diputado federal por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue asesinado cuando se tomaba una foto con una simpatizante al salir de un debate en el que habló varias veces del combate que libró contra Los Zetas, uno de los cárteles más brutales de México, cuando era alcalde de Piedras Negras, Coahuila.
Purón es tan solo uno de los 136 políticos que han sido asesinados desde que comenzó en septiembre el proceso electoral en México (de ellos 28 eran precandidatos y 20 más candidatos), de acuerdo con la consultora Etellekt.
Un número significativamente mayor al registrado en 2012, cuando nueve políticos y un candidato fueron asesinados, añade.
Esto no es más que una muestra -según los expertos- de la sangrienta penetración del crimen organizado que busca granjearse fidelidades entre las autoridades para obtener dominio territorial.
Así tienen garantías de que éstas “obedezcan sus instrucciones como sicario o como varón del crimen organizado”, explica a la AFP Luis Carlos Ugalde, consultor y expresidente de la autoridad electoral mexicana.
“Si piensan que algún político no va a transar, negociar, ceder, lo matan”, destaca.
La violencia en México crece a pasos agigantados. Cuerpos mutilados, calcinados, abandonados en carreteras; policías y militares emboscados; mujeres violadas, degolladas encontradas flotando en ríos, son imágenes que se repiten en los últimos años.
Muerte a periodistas
Más de 25.300 asesinatos violentos se cometieron en 2017, cifra más alta desde que inició en 1997 el recuento oficial de la secretaría de Gobernación (Interior).
Esos crímenes tuvieron como escenario tanto destinos turísticos, como Los Cabos, Baja California Sur, hasta las zonas más deprimidas del país de 120 millones de habitantes, de los cuales poco más de 50 millones están sumidos en la pobreza.
La violencia también alcanza a reporteros en un país considerado como uno de los más peligrosos para ejercer periodismo. Autoridades informaron este sábado del asesinato de José Guadalupe Chan en el estado de Quintana Roo (este). Chan trabajaba para el portal de noticias Playa News y su muerte lo ha convertido en el sexto comunicador ultimado en 2018 en México.
El último reporte del periodista fue el asesinato de un militante del PRI en una comunidad vecina ocurrido la tarde del viernes.
“Plata o plomo”
Existe creciente evidencia de que mafias dedicadas al narcotráfico y otros delitos tratan de participar en la vida política, especialmente en el ámbito municipal, para incidir en los resultados de las elecciones, impulsando a personas que les son afines y amedrentando a quienes se oponen, señala Guillermo Zepeda, investigador del Colegio de Jalisco.
“Es tal cual el tema de plata o plomo”, advierte.
La poderosa presencia del crimen organizado en estados como Guerrero (sur) y Michoacán (oeste), con mayor número de víctimas y candidatos amenazados, ha calado en las estructuras de los gobiernos locales, así como en la vida social y económica de comunidades que dependen de sus actividades ilícitas.
A ello se suma el establecimiento de redes clientelares que proveen de algún tipo de beneficio a las poblaciones, asentando su influencia.
“Deberíamos de preguntarnos cuántos candidatos no son asesinados justamente porque responden al crimen organizado”, alertó Ugalde.
“Estrategia punitiva”
La violencia se disparó cuando en diciembre de 2006 el entonces presidente Felipe Calderón, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), decidió sacar a los militares de sus cuarteles para enfrentar a narcotraficantes.
Desarrolló “una estrategia punitiva con la que intentaba romper cualquier tipo de vaso de comunicación o vínculo entre narcotraficantes y autoridades locales y estatales”, subrayó Rubén Salazar, director de Etellekt.
Pero lo único que logró “fue fragmentarlos”. Desde entonces, “surgieron infinidad de células delictivas que ahora se están enfrentando de forma cada vez más radical por el control de los territorios”, explicó.
Para los expertos, la solución no es solo el uso de la fuerza sino una atención y acción permanente del Estado en las zonas más conflictivas.
“La solución única, real y factible es que el Estado mexicano mine, debilite la fuerza del crimen organizado”, remata Ugalde.
