Trabajadores petroleros de Brasil iniciaron la madrugada de este miércoles una huelga de 72 horas en al menos ocho refinerías y algunas fábricas a lo largo del país, a pesar de que la justicia emitió un fallo penalizándola con elevadas multas al considerarla abusiva.

La protesta, contra los altos precios del combustible y el gas de cocina y que exige la renuncia del presidente de Petrobras, Pedro Parente, arrancó mientras la masiva huelga de camioneros que paralizó a la primera economía latinoamericana empezó a menguar el martes tras nueve días de bloqueos.

“Los petroleros entramos en huelga, sí. Quienes pensaron que no iríamos a la lucha contra esos precios abusivos de los combustibles se equivocaron”, dijo en un mensaje colgado en las redes sociales Tezeu Bezerra, el coordinador de Sindipetro Norte Fluminense (del estado de Rio de Janeiro).

La Federación Única de Petroleros de Brasil (FUP) confirmó en un comunicado de madrugada que sus afiliados no entraron a trabajar en las refinarías de Manaus, Abreu e Lima, Regap, Duque de Caxias, Paulínia, Capuava, Araucária, Refap ni parcialmente en Bacia de Campos. Así como tampoco en otras tres fábricas y unidades.

La central sindical, sin embargo, no ofreció una cifra de las personas que estarían participando de la huelga ni de los impactos en la producción de Petrobras.

A lo largo del día están previstos varios actos de protesta, como una manifestación frente a la sede de la estatal en Rio de Janeiro.

El Tribunal Superior del Trabajo falló la noche del martes a favor de una acción presentada por Petrobras y los abogados del Ejecutivo para impedir la huelga, considerando que podría causar un daño “potencialmente grave” a la población e imponiendo multas a los sindicatos en caso de paralización de 500.000 reales diarios (USD 135.000).

La FUP ha negado que la paralización genere riesgo de desabastecimiento y advirtió que la protesta es “de advertencia”, sin descartar una huelga por tiempo indeterminado más adelante.

Parente asumió la presidencia de Petrobras en 2016, luego de que la empresa se viera en el centro del megaesquema de corrupción desvelado en la Operación Lava Jato.

El empresario centró su gestión en el restablecimiento de las finanzas y la credibilidad de la empresa y recurrió para ello a una “transparencia” de precios, ajustando las tarifas diariamente en función de las cotizaciones del mercado internacional.

Fue precisamente esa política la que llevó a los camioneros a paralizar el país.