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La situación más conflictiva en los últimos años en Venezuela, es la referente a las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado, controlado por el presidente Nicolás Maduro.
Detenciones arbitrarias, usurpación de los poderes e instituciones del Estado por parte del gobierno, represión a los manifestantes, persecución a opositores o ataques a la prensa, son algunas de las situaciones registradas bajo el régimen chavista, pero que se han agudizado bajo la presidencia de Maduro.
Diversas instituciones y organizaciones de Derechos Humanos han criticado públicamente al gobierno, al que acusan de perseguir y criminalizar a dirigentes políticos y/o sociales que se oponen a las medidas del chavismo.
Coaptación de los poderes del Estado
Organizaciones de Derechos Humanos señalan que el gobierno de Maduro y su partido, PSUV, han usurpado los poderes del Estado, a través de la aplicación de decretos y el apoyo de las Fuerzas Armadas.
El chavismo habría logrado el control del Poder Judicial a través del Tribunal Supremo de Justicia (máxima instancia de Venezuela), a través del nombramiento fraudulento de magistrados, denuncian organizaciones de derechos civiles.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe sobre Venezuela señaló que la “falta de independencia” del Poder Judicial se debe al nombramiento fraudulento de magistrados y la gran cantidad de jueces provisionales en la máxima instancia.
La CIDH expresa que el 77% de los jueces son provisionales y que en lo últimos años la cifra ha oscilado entre el 66% a 80%, lo que ha sido perjudicial para la democracia.
“La Comisión reitera que la provisionalidad indefinida y la inexistencia de garantías de estabilidad conllevan como riesgo que los jueces adopten sus decisiones para complacer a la autoridad encargada de su nombramiento o remoción, lo cual mella gravemente su independencia”, indica el informe de la CIDH.
La coordinadora de Transparencia Venezuela en Lara, Yonaide Sánchez, denuncia que el gobierno de Maduro controla “completamente” el poder Judicial en Venezuela, afirmando que en su país se vive un “autoritarismo/militarista”.
“Hay más de 100 sentencias el Tribunal Supremo de Justicia que violan la Constitución. En todos estos años el Gobierno no ha perdido ningún juicio ante el Tribunal Supremo de Justicia”, indica Sánchez.
Un ejemplo de la grave situación es que Venezuela ocupa el último lugar en el Índice de Estado de Derecho de la organización sin fines de lucro, World Justice Project, aunque este ránking no incluye a algunos países africanos o de Europa del Este.
Sánchez agrega que las autoridades han criminalizando la protestas y los movimientos de Derechos Humanos, agregando que el gobierno ha ocultado información sobre la situación económica de su país, ante la anulación de la Asamblea Nacional -obtenida en 2015 por la oposición-.
El punto más complejo de la usurpación de unnpoder del Estado se registró en marzo de 2017, cunado el TSJ suprimió las funciones de la Asamblea Nacional (Legislativo) y los otorgó a la Presidencia. La medida sería retirada días después, pero originó una serie de protestas que terminaron con 125 muertos en cuatro meses.
Poniendo fin a las marchas, el 30 de julio se realiza la cuestionada elección de una Asamblea Constituyente con poder absoluto y totalmente oficialista, que sustituyó en la práctica al Parlamento y no fue reconocida por varios gobiernos.
Memorial de Agravios de 2016 hecho por Transparencia Venezuela.
Detenciones arbitrarias
El director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, señala que las detenciones arbitrarias y criminalización de los opositores se habían registrado durante el mandato de Hugo Chávez, pero que sin lugar a dudas se agudizaron, tanto cuantitativa y cualitativamente, tras la llegada de Maduro al poder.
“Solamente desde que Maduro llegó al poder tenemos más de 12.300 personas arrestadas por motivos políticos. A personas arrestas en manifestaciones, protestas. En la mayoría caso de las detenciones tenemos personas que no han recurrido a la violencia, e incluso casos de personas que ni siquiera estaban protestando”, explica Himiob.
De acuerdo a los activistas, las detenciones se realizan bajo dos formas. La primera es durante las manifestaciones, cuando las fuerzas policiales arrestan a personas por el solo hecho de manifestarse o a quienes están a su alrededor.
La segunda es la detención selectiva, según explican desde Amnistía Internacional, oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) irrumpen en los hogares de dirigentes políticos o incluso en sus zonas de trabajo, para realizar los arrestos.
“A los dirigentes no los detienen en la protesta, sino en efecto en sus casas o refugios, por realizar actividades deliberantes. Tuvimos el caso de un dirigente detenido por un tuit, cuando le respondía a un alto dirigente chavista (…) Hemos visto detenciones en lugares de trabajo, como fue el caso de Gregory Saavedra”, indica Carolina Jiménez de Amnistía Internacional.
En Foro Penal también resaltan el uso de la justicia militar en contra de civiles, algo que está en contra de la Constitución de Venezuela y que infringe los tratados internacinoales firmados por el país.
“797 civiles que han sido llevados a prisión por tribunales militares, de los cuales 121 quedan detenidos. Eso no se vio con Chávez, se vio ahora con Maduro. Lo que es totalmente inconstitucional y contrario a los tratados internacionales que ha firmado Venezuela”, afirma Himiob.
Informe de Amnistía Internacional sobre presos de conciencia o presos políticos en Venezuela.
Situación humanitaria y crisis migratoria
Venezuela depende de la renta petrolera, que aporta 96% de los ingresos. Tiene reservas de 300.000 millones de barriles -las mayores del mundo-, pero la producción cayó a 1,5 millones diarios, desde los 3,2 millones de 2008.
El desplome de los precios en 2014, la corrupción y las ineficiencias generaron escasez de bienes básicos, y una caída del PIB e hiperinflación que el FMI proyecta en 15% y 13.864%, respectivamente, para 2018.
Desde 2003, el gobierno monopoliza las divisas y controla precios, avivando un voraz mercado negro del dólar y de productos, lo que Maduro denuncia como “guerra económica”.
De febrero a abril de 2018, el bolívar se devaluó 95%, mientras el dólar se cotiza diez veces más en el mercado paralelo, marcador de muchos bienes y servicios, lo que dispara el costo de vida.
Con reservas internacionales de 9.871 millones de dólares según el Banco Central, y una deuda externa estimada en 150.000 millones, el país y su petrolera PDVSA cayeron en default parcial por pagos atrasados, sin mucho margen de renegociación por sanciones impuestas desde Estados Unidos.
El ingreso mínimo (salario y bono de alimentación) es de 2,6 millones de bolívares (37 dólares a tasa oficial y 3,2 en el mercado negro), lo que cuesta un kilo de carne. El gobierno entrega bonos y cajas de comida subsidiadas en barrios populares.
La pobreza escaló a 87% en 2017, señala una encuesta de las principales universidades del país, pero el gobierno asegura que ronda el 23%.
Según la Federación Farmacéutica, la escasez de medicinas comunes es de 85% y de 95% para enfermedades crónicas como cáncer o VIH. La ONG Médicos por la Salud precisa que en los hospitales falta un 79% del material médico quirúrgico y ningún laboratorio tiene reactivos.
Investigaciones de universidades locales estiman que desde 1999 emigraron entre tres y cuatro millones de venezolanos, una buena parte desde 2014.
La migración venezolana se ha profundizado muchísimo en los últimos 4 años. Tuvo una primera fase que era de gente más joven, profesional, que que se iban buscando nuevas oportunidades, pero esa migración luego se convirtió en diáspora, se ha convertido en una huida desesperada de distintos sectores de la población que huyen de Venezuela y, que quieren dejar el hambre,la miseria,las enfermedades
“La migración venezolana se ha profundizado muchísimo en los últimos 4 años. Tuvo una primera fase que era de gente más joven, profesional, que que se iban buscando nuevas oportunidades, pero esa migración luego se convirtió en diáspora. Se ha convertido en una huida desesperada de distintos sectores de la población que huyen de Venezuela, que quieren dejar el hambre, la miseria, las enfermedades…“, explica Sánchez.
La dirigente de Transparencia Venezuela afirma que Maduro niega que millones de su compatriota hayan escapado del país por la crisis económica y que son las organizaciones de Derechos Humanos las que han debido denunciar la situación.
“El gobierno de Maduro ha negado sistemáticamente la diáspora, incluso ha llegado a decir que somos nosotros los que estamos recibiendo colombianos en nuestro territorio. Cuando todos sabemos que por el puente Simón Bolívar salen cada día entre 20 mil a 40 mil personas”, enfatiza.
