Estados Unidos aplicó el lunes sanciones jurídicas y financieras al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien consideró “un dictador” como los líderes de Zimbabue, Siria y Corea del Norte, y dijo que evaluará aplicar medidas adicionales contra su gobierno.

“Maduro no es solamente un mal líder, ahora es un dictador” que se “une al muy exclusivo club que incluye a (Robert) Mugabe, Bashar al Asad y Kim Jong Un”, indicó el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, Herbert McMaster, en rueda de prensa en la Casa Blanca.

De su lado, al anunciar que todos los activos del mandatario venezolano sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos “están congelados”, el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, dijo que las “elecciones ilegítimas” del domingo “confirman que Maduro es un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano”.

“Creemos firmemente que las sanciones funcionan. continuaremos vigilando la situación y consideraremos sanciones adicionales”, afirmó.

“Cualquiera que participe en esta ilegítima Asamblea Nacional Constituyente podría estar expuesto a futuras sanciones estadounidenses por socavar procesos e instituciones democráticas en Venezuela”, advirtió.

Con estas sanciones, Estados Unidos busca expresar su oposición al “régimen de Maduro”, apuntó.

El gobierno de Trump tomó las medidas contra Maduro, en el poder desde 2013, un día después de la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, una contienda en la que la oposición venezolana no participó por considerarla “fraudulenta”.

Según Estados Unidos, ese órgano “aspira ilegítimamente a usurpar el papel constitucional” del Congreso elegido en diciembre de 2015 y dominado por la oposición, así como “reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario” al pueblo venezolano.

Estados Unidos es el principal comprador de crudo venezolano, con importaciones de 800.000 barriles diarios sobre una producción de 1,9 millones.

La semana pasada, el gobierno de Trump sancionó a 13 funcionarios y militares cercanos a Maduro, entre ellos a Tibisay Lucena, presidenta del poder electoral, acusados de quebrar la democracia, violar derechos humanos o por corrupción.

Esas sanciones son las terceras anunciadas contra funcionarios o exfuncionarios venezolanos, luego de las emitidas en febrero y mayo.