Bolivia presentó una denuncia este miércoles ante la OEA por torturas y hostigamiento que habrían sufrido nueve aduaneros bolivianos detenidos y encarcelados desde marzo en Iquique: estas acusaciones fueron calificadas por el canciller chileno Heraldo Muñoz como “infundadas”.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Huanacuni, expuso el caso ante el Consejo Permanente de la OEA: ocurrió en marzo, cuando los funcionarios del país vecino fueron encarcelados en el penal de Alto Hospicio bajo el cargo de robo de mercadería para el comercio en territorio chileno.

“Venimos a pedirle su apoyo y a decirles que ya es tiempo de que liberen a los nueve bolivianos injustamente detenidos en Chile”, proclamó Huanacuni.

Por su parte, su homólogo en la cartera de Justicia, Héctor Arce, explicó que los trabajadores de su país intentaban detener un convoy de contrabando chileno cuando ocurrieron los hechos: “Carabineros de Chile, en vez de colaborar con nuestra Fuerza regular, detuvo violentamente a los nueve servidores del Estado boliviano”.

Robo con intimidación y violencia

Arce argumentó la supuesta inviabilidad de los delitos por los que se les imputa a sus conciudadanos calificándolos como un “acto de injusticia y arbitrariedad que, de seguro, quedará grabado en la memoria negativa”: Chile y Bolivia carecen de relaciones diplomáticas desde 1978.

La autoridad pasó a detallar la acusación por robo con intimidación y violencia a la que se enfrentan los funcionarios: “Jamás puede haber este delito sobre mercancía ilegal de contrabando ingresada o a punto de hacerlo en un Estado soberano como es Bolivia”, dijo.

“Las supuestas víctimas son contrabandistas confesos”, prosiguió Arce, “que finalmente fueron procesados por ello, proceso que se inciió recientemente, dos meses después del incidente”, concluyó.

Armas y contrabando

Sobre la segunda arista por la que imputaron a los trabajadores, el delito de porte y tenencia de armas prohibidas, el ministro aclaró que “basta decir que las armas que portaban los dos miembros del Ejército boliviano, según las Fuerzas Armadas, las tenían asignadas para efectuar sus labores de control y patrullaje en la zona”.

“Son el instrumento de trabajo para sentar autoridad y, en su caso, defender sus propias vidas”, apuntó Arce ante el Consejo Permanente de la OEA.

El tercer delito del que los acusan es de contrabando. “Los nueve funcionarios bolivianos, injustamente procesados, son servidores públicos que se encontraban cumpliendo un deber jurídico“, añadió el responsable de la cartera de Justicia.

“En las regiones del norte de Chile hay numerosas zonas francas desde donde se internan diferentes mercancías a Bolivia, muchas de ellas de manera ilegal”, comentó el ponente.

Plantear que existe contrabando desde su país a Chile es, para Arce, una idea “descabellada, como afirmar que hubiese narcotráfico desde Europa hacia América del Sur”.

Declaración

Por último, el representante ante la OEA detalló la declaración de los detenidos ante el fiscal del caso, Hardy Torres, en donde afirmaron haber sido sometidos “a actos vejatorios y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de Carabineros durante su detención”.

El ministro mostró varias imágenes en las que figuraban los funcionarios heridos con vendajes y lesiones en sus rostros, según explicó, producto de “un uso desproporcional de la fuerza” de los policías chilenos.

“A pesar de esta brutal represión, fueron apuntados por armas de fuego de grueso calibre que fueron disparadas a centímetros de los oídos de los funcionarios bolivianos solamente con el fin de provocarles un gran temor”, finalizó Arce.

“Esto supone un acto de tortura inaceptable (…) prohibido incluso en situaciones de guerra, que no es el caso. Bolivia no está en guerra con Chile”, sentenció la autoridad del país vecino.

“No merecen más respuesta”

El presidente boliviano Evo Morales anunció este lunes la presentación de la denuncia ante la Organización de Estados Americanos por la detención realizada por la policía chilena, que calificó de “injusta y violenta”, y habló de “tortura, disparos de amedrentamiento y hostigación” (sic), declaraciones que tuvieron una inmediata respuesta desde Santiago.

“Casi nada nos sorprende de lo que dice el gobierno boliviano, son nuevas acusaciones infundadas que carecen de credibilidad y que no merecen más respuesta”, afirmó Muñoz a medios de prensa.

“No merecen ninguna credibilidad, Chile es un Estado de derecho”, reiteró el canciller chileno.

En la actualidad, las dos naciones enfrentan en la Corte Internacional de Justicia de La Haya demandas ligadas al acceso al mar y al uso de una corriente de agua fronteriza.