El Salvador se convirtió en el primer país en prohibir la minería metálica, una actividad rechazada por ambientalistas en todo el mundo, luego de que la legislación fuese publicada este jueves por el Diario Oficial.

“Ninguna institución, norma, acto administrativo o resolución podrá autorizar la prospección, exploración, explotación, extracción o procesamiento de minerales metálicos en El Salvador u otorgar licencias, permisos, contratos o concesiones para esos mismos fines”, señala la ley aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Salvador Sánchez Cerén.

La ley recibió el respaldo de todas las fuerzas políticas del Congreso el 29 de marzo, luego de considerar que la extracción de metales es una industria destructiva para el medio ambiente y la salud pública.

“Más que novedosa, es una ley necesaria ante una industria que, lejos de traer algún provecho a las comunidades, trae grave contaminación a las fuentes de agua, al medio ambiente. Es de celebrar esta ley”, sostuvo el presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes) Mauricio Sermeño.

Sermeño consideró que El Salvador y su ley antiminería deben servir de ejemplo para el resto de Centroamérica, donde existen proyectos de extracción de metales preciosos.

“Se ha hecho la lucha en El Salvador, pero también es el momento para que los salvadoreños también exhortemos a que los pueblos de Centroamérica, en donde hay minería metálica, hagan la lucha por que se prohíba esa industria de muerte“, acotó el líder ambientalista.

La ley sale a luz pública en momentos en que la Fiscalía salvadoreña mantiene congelados desde mediados de abril inmuebles, vehículos y cuentas bancarias de la transnacional minera australiana-canadiense OceanaGold Corporation, por el impago de ocho millones de dólares, más intereses, derivados de un conflicto resuelto en 2016.

En octubre del año pasado, El Salvador ganó un arbitraje a Pacific Rim Cayman, que ahora es propiedad de OceanaGold Corporation, que reclamaba al país centroamericano 250 millones de dólares por haberle negado un permiso de extracción en 2009.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington, ordenó entonces a la firma, como propietaria de Pacific Rim Cayman, compensar al Estado salvadoreño con 8 millones de dólares por los costos legales del proceso, que duró siete años.