Una nueva acusación cayó este viernes contra el expresidente Lula, cuando el Senado decide el futuro político de Brasil con la probable salida de Dilma Rousseff y del izquierdista PT del poder.

La Policía Federal de Brasil inculpó al emblemático Lula de beneficiarse de los sobornos de algunas de las empresas de la trama corrupta de Petrobras.

La acusación no podría ocurrir en peor momento: el segundo día de sesiones del Senado brasileño para decidir si despoja del cargo a Rousseff, acusada de maquillar las cuentas públicas.

Pero el masivo escándalo de corrupción en Brasil es hasta ahora el principal punto en el menú del dramático juicio.

“¿Qué moral tiene el Senado para someter a juicio a Dilma?”, lanzó la senadora Gleisi Hoffmann, del Partido de los Trabajadores (PT), al inicio de las sesiones el jueves.

La pregunta disparó gritos y agravios, repetidos llamados al orden y suspensión de las sesiones este viernes, en las que la defensa presentó sus argumentos en favor de la mandataria, de 68 años, primera mujer en asumir la presidencia de Brasil.

Entre los testigos de la defensa, comparecieron el experto en derecho Geraldo Prado y el economista Luiz Gonzaga Belluzo, quien subrayó que Rousseff no violó las normas fiscales y que todas las medidas que tomó eran una estrategia para paliar la crisis.

Una destitución sería “un atentado contra la democracia”, afirmó.

La sesión de la jornada terminó pasadas las 02H00 GMT del sábado tras la participación como testigo de Luiz Claudio Costa, ex secretario ejecutivo del ministerio de Educación. Los trabajos se retomarán este sábado a las 13H00 GMT.

Si al fin de este proceso Rousseff es destituida, se pondrá fin a más de 13 años de gobiernos del PT, golpeado por las revelaciones de masivos escándalos de corrupción, incluido el mega fraude a la estatal petrolera Petrobras.

Manicomio

Este Senado es “¡un manicomio!”, se lamentó su jefe Renan Calheiros, legislador del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). “La estupidez es infinita”, añadió.

Los debates en el Senado no son más que un reflejo de la profunda polarización en Brasil. Todo en un contexto amargo: la mayor economía latinoamericana atraviesa la peor recesión en décadas, con una inflación de más del 10%, desempleo que afecta a 11 millones de personas y un déficit de 45.000 millones de dólares.

De los 81 senadores que deciden el futuro político de la exguerrillera, más de la mitad tiene causas pendientes o es investigado por corrupción, incluido Calheiros y Hoffmann.

Policía acusa a Lula

Y una vez más Lula fue puesto en la mira.

La policía inculpó al expresidente por corrupción y lavado de dinero, en el marco de una investigación relacionada con el millonario fraude a Petrobras, que le costó a la estatal petrolera 2.000 millones de dólares.

El informe, al que tuvo acceso la AFP, debe ser analizado por la fiscalía en los próximos 90 días para decidir si presenta cargos ante la justicia.

Lula, de 70 años y presidente entre 2003 y 2010, está sometido a tres investigaciones en la llamada Operación Lava Jato (lavado de autos), en el que gigantescas empresas privadas sobornaron a políticos y ejecutivos de la petrolera a cambio de suculentos contratos.

La Policía Federal recomendó acusar a Lula en esta oportunidad por la presunta adquisición de un apartamento y una chacra de forma irregular con la colaboración de la empresa OAS, involucrada en esa trama de corrupción.

Lula ya fue acusado por intentar obstruir las investigaciones de la Lava Jato.

Según la policía, Lula y su esposa “fueron beneficiarios de ventajas ilícitas por parte de la constructora OAS, en valores que alcanzaron los 2,4 millones de reales”, unos 750 mil dólares al cambio actual.

Lula siempre negó las acusaciones.

El apartamento habría sido comprado por la OAS y reformado para Lula. Las autoridades investigan además la mudanza de Lula después de dejar el poder.

Final cantado

Rousseff, elegida por primera vez en 2010, está acusada de manipular datos para ocultar la verdadera situación de las cuentas públicas de su gobierno y emitir por decreto líneas de crédito sin el aval del Congreso.

La mandataria insiste en que es “inocente” y denuncia ser víctima de un “golpe de estado” orquestado por Michel Temer, su exvicepresidente y ahora su enemigo visceral. Será precisamente Temer quien completará el mandato de Dilma hasta 2018, si la presidenta es finalmente destituida.

Para ello, se requiere una mayoría especial de 54 votos (dos tercios).

Rousseff tomará la posta de la defensa el lunes, acompañada de Lula. Después vendrán las deliberaciones que darán paso a la votación final.

En caso de ser sentenciada, Rousseff, esta mujer que militó en una guerrilla marxista durante la dictadura (1964-1985), quedará inhabilitada para ocupar cargos públicos por ocho años.

Dilma ha vivido aislada desde su suspensión del cargo en mayo en el Palacio de Alvorada, la residencia presidencial. Desde allí, pidió “mantener viva la esperanza”, pero sondeos y analistas coinciden en que sólo un milagro podrá salvarla.