El magistrado que preside la comisión judicial que investiga en Sudáfrica la presunta corrupción ocurrida durante el mandato del expresidente Jacob Zuma anunció hoy que recurrirá al Tribunal Constitucional del país a fin de pedir prisión para el exmandatario por negarse a declarar.

“Es triste que el señor Zuma haya decidido no presentarse ante la comisión hoy, en desafío a las citaciones y en desafío a una orden emitida por el máximo tribunal del país (el Constitucional). Es incluso más triste que Zuma lo haga como ex jefe de Estado”, afirmó el juez Raymond Zondo, quien lidera desde hace más de dos años la investigación del caso conocido como “la Captura del Estado”.

“Esto es muy serio. Si se permite, reinaría la ilegalidad y el caos”, manifestó el magistrado.

Las palabras Zondo hacían referencia a la decisión de Zuma de no presentarse este lunes a testificar por presunta corrupción, a pesar de que en enero pasado el Tribunal Constitucional de Sudáfrica dictaminó que el exmandatario está obligado a cumplir con las citaciones emitidas por la comisión y a contestar a sus preguntas.

Ante la ausencia del expresidente, el juez Zondo anunció, desde la sede de la comisión en Johannesburgo, que recurrirá nuevamente al máximo tribunal del país y pedirá que aplique un “periodo de prisión” a Zuma por “desacato”.

El propio Zuma había anticipado el pasado 1 de febrero, en un comunicado público, que no pensaba declarar, alegando que estaba siendo señalado y tratado de forma discriminatoria por el Poder Judicial.

“No temo ser arrestado, no temo ser condenado y no temo ser encarcelado”, afirmó entonces Zuma, quien achaca las acusaciones en su contra a una persecución política.

Por el momento, el expresidente no se ha pronunciado nuevamente, pero un grupo de simpatizantes se desplazó esta misma mañana hasta su residencia, ubicada en Nkandla, en la oriental provincia de KwaZulu-Natal, para mostrarle su apoyo.

La Comisión de Investigación de la Captura del Estado busca aclarar si durante el gobierno de Zuma el aparato público sudafricano funcionó como un engranaje para beneficiar de forma fraudulenta al poder y a empresarios afines, que incluso definían la entrada y salida de ministros en función de sus intereses.

En los más de dos años de trabajo de la comisión, el expresidente fue ya implicado en presuntos actos corruptos por más de 40 testigos.

La comisión de investigación del juez Zondo no tiene potestad para procesar judicialmente, pero sí puede hacer recomendaciones a otros entes y sus averiguaciones pueden ser usadas como pruebas ante los tribunales en el futuro.

Zuma, forzado a dimitir por su propio partido a comienzos de 2018 en medio de numerosos escándalos de corrupción, niega las acusaciones y asegura ser víctima de una persecución política.

Pero en paralelo a esta extensa investigación, que cubre todo tipo de ramas del aparato estatal, el expresidente está procesado en un caso que estudia cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude relativos a un acuerdo millonario de armas firmado a finales de la década de 1990.

Además, ya en 2016, tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada.