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La junta militar que tomó el poder en Malí pidió el miércoles a la población que vuelva a reanudar “sus actividades” y que cese el “vandalismo”, al día siguiente del golpe de Estado que depuso al presidente Ibrahim Boubacar Keïta y a su gobierno.
El Comité nacional para la salvación del pueblo (CNSP) “insiste” en el hecho que el golpe causó “cero muertos”, declaró a la prensa el portavoz de la junta, el coronel mayor Ismael Wagué, “contrariamente a algunas alegaciones que hablan de cuatro muertos y 10 heridos”.
Los funcionarios públicos también son “invitados” a volver a sus puestos de trabajo, añadió.
“El comité tomará todas las medidas necesarias para que hacer respetar la estricta disciplina militar si se descubre a alguien con uniforme que esté extorsionando” a civiles, advirtió también el portavoz.
Durante protestas tras el golpe de los militares, manifestantes prendieron fuego a las oficinas de un abogado que representa al exministro de Justicia, Kassim Tapo.
Bajo presión internacional
El coronel no podrá, sin embargo, contar con el apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea y la Unión Africana que exigieron la liberación “inmediata” de Keita y condenaron el “motín”.
El Consejo de Seguridad de la ONU pidió a los soldados amotinados “regresar a sus cuarteles sin demora” y la liberación del presidente, además de subrayar “la imperiosa necesidad de restablecer el Estado de derecho”.
El presidente francés, Emmanuel Macron, cuyo país mantiene una importante presencia militar en Malí para combatir a grupos yihadistas en la zona del Sahel, también consideró que “la lucha contra grupos terroristas y la defensa de la democracia y del Estado de derecho son indisociables”.
“Salir de ella supone provocar inestabilidad y debilitar nuestra lucha. No es aceptable”, añadió Macron en su cuenta de Twitter en la que pidió que “se devuelva el poder a los civiles”.
Tras una cumbre extraordinaria de la UE, los 27 reclamaron un “retorno inmediato al Estado de derecho” en Malí y subrayaron la “gran preocupación” europea.
Washington exigió, por su parte, que “la libertad y seguridad de los funcionarios del gobierno” sea garantizada.
“Estados Unidos condena firmemente el motín del 18 de agosto en Malí, como condenamos cualquier toma del poder por la fuerza”, señaló el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado, sin mencionar un golpe de Estado. Llamó a “obrar para el restablecimiento de un gobierno constitucional”.
