El Primer ministro libanés Saad Hariri anunció el martes la dimisión de su gobierno en el decimotercer día de una protesta popular inédita en el Líbano, que reclama la salida de toda la clase política.

Su mensaje fue acogido con vivas y aplausos de la muchedumbre, que lo escuchó en directo desde varios lugares de concentración. Inmediatamente se lanzaron fuegos artificiales en Beirut, mientras automóviles recorrían la ciudad haciendo sonar sus bocinas en señal de victoria.

Hariri, de 49 años, dijo que se dirigía al palacio presidencial de Baabda para presentar su renuncia “ante la voluntad de muchos libaneses que han salido a la calle para exigir el cambio”.

En un breve discurso televisivo, hizo un llamado a “todos los libaneses para que den prioridad al interés del Líbano (…) para proteger la paz civil e impedir cualquier deterioro de la situación económica”.

Situación tensa

Tras una revuelta popular inédita los manifestantes lograron su objetivo. Pero la ira del pueblo se dirige más globalmente al conjunto de la clase política, considerada unánimemente como incompetente y corrupta.

“El primer ministro (Saad) Hariri acaba de dimitir, lo que hace la crisis aún más grave”, dijo por su parte Jean Yves le Drian al parlamento francés poco después del anuncio. Según la prensa, las capitales occidentales, especialmente París y Washington, habían pedido a Hariri que permaneciera en su puesto en nombre de la estabilidad.

El país está prácticamente paralizado desde hace casi dos semanas debido a los bloqueos de carretera en las principales entradas de la capital, mientras bancos, escuelas y universidades están cerrados.

Treinta años después de la guerra civil (1975-1990), la población sigue padeciendo escasez crónica de agua y electricidad. Más de una cuarta parte de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y el país es uno de los más corruptos del mundo.

El 21 de octubre, Hariri anunció un plan de reformas que no convenció: medidas contra la corrupción, presupuesto sin nuevos impuestos, programa de privatizaciones para luchar contra el mal funcionamiento de los servicios públicos y ayudas en favor de los más desfavorecidos.

La ira popular había estallado el 17 de octubre luego del anuncio de un impuesto sobre las llamadas telefónicas a través de WhatsApp. La rápida anulación de la medida no impidió que la revuelta llegara a todo el país.