Comunidades campesinas e indígenas de Colombia comenzaron este lunes una protesta nacional e indefinida por supuestos “incumplimientos” del gobierno de Juan Manuel Santos en acuerdos para mejorar las condiciones del campo, informaron sus organizadores, que también denunciaron la muerte de un manifestante.

“La protesta nacional agraria, indígena, campesina, étnica y popular ha iniciado a las 00:00 (01:00 en Chile) y la hemos convocado a raíz del incumplimiento del gobierno nacional con los pueblos agrícolas y campesinos del país de los acuerdos negociados desde hace dos años”, dijo a la AFP Luis Fernando Arias, vocero de la Cumbre Agraria, que convocó la manifestación.

“Este gobierno ha tenido voluntad de diálogo, pero nos hemos quedado en eso: solo hablar. Y además de los incumplimientos, tenemos otros reclamos como las afectaciones a las comunidades por la explotación minero-energética y las amenazas contra nuestros voceros y líderes“, explicó Arias, también presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Hace dos años, pocas semanas antes de los comicios en que Santos resultó reelecto, la Cumbre Agraria -que reúne a movimientos sociales de indígenas, campesinos, afrodescendientes y otros- protagonizó un fuerte paro nacional exigiendo mejoras para el sector agrícola, afectado por los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados principalmente con Estados Unidos y Europa.

Según Arias, el gobierno de Santos ha incumplido un plan de inversiones en salud y desarrollo rural de comunidades indígenas y “la entrega de 80.000 millones de pesos (unos 26 millones de dólares) para compra de tierras, de los que solo se han entregado 16.000 millones (5,2 millones de dólares)”.

La movilización comenzó este lunes en comunidades de casi todos los departamentos de Colombia, con la salida de los manifestantes “desde los territorios hacia las grandes capitales”. La “proyección es que la protesta pacífica, con carácter indefinido, crezca en los próximos días”, dijo Arias.

En el departamento de Valle del Cauca (oeste), cuando un grupo de indígenas salía el domingo en la noche de su resguardo para dirigirse a los puntos de protesta, “un compañero indígena murió arrollado por una tanqueta cuando la movilización fue dispersada” por la policía, afirmó Arias.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lamentó la muerte del indígena, identificado como Wilington Quibarecama, y pidió “celeridad para esclarecer” las circunstancias del fallecimiento.

Más tarde, el defensor del pueblo de la región, Carlos Hernán Rodríguez, dijo a periodistas que se constató que el vehículo involucrado en la muerte de Quibarecama era particular y no policial.

“No se trató de una tanqueta del ESMAD sino de un vehículo particular (…), una tractomula (camión) de color blanco”. El vehículo “aceleró y la persona se arrojó a un precipicio” para evitar ser embestida, explicó el defensor.

Convocatoria “injusta”

El ministro Cristo informó que se estableció un puesto de mando unificado “para hacerle seguimiento a las movilizaciones en todo el país”.

A su vez, el viceministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo a Caracol Radio que aunque la convocatoria campesina les parece “injusta”, se garantizará la protesta.

“Es injusta en la medida en que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo por cumplir lo que se pactó hace un par de años cuando se dio el paro agrario de ese entonces”, dijo Rivera.

Según el viceministro, desde 2014 se han registrado “en promedio 1.100 horas de reuniones” con campesinos y “se han comprometido más de 250.000 millones de pesos (aproximadamente 56.000 millones de pesos chilenos) como resultado de esas negociaciones con la Cumbre Agraria”.

“Nos parece una equivocación haber convocado esta minga agraria en este momento que estamos ad portas de alcanzar un acuerdo que le ponga fin al conflicto armado” de más de medio siglo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dijo además Rivera.

En respuesta, Arias dijo que “el movimiento indígena y popular respalda el proceso de paz, pero eso no significa que no reclamemos nuestros derechos”.

El líder indígena pidió también “mayor participación” de estos sectores en las conversaciones de paz que se adelantan en Cuba desde 2012.

Colombia vive un conflicto armado de más de medio siglo, que ha involucrado a guerrillas, paramilitares, grupos narcotraficantes y fuerzas del Estado y deja ya 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,8 millones de desplazados.