Luego de haber llegado a acuerdo, la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué firmaron este jueves los documentos que permitirán a la tuición de sus hijos a la artista, con opción de poder establecerse con ellos en Miami, Estados Unidos.
El acuerdo, firmado en Barcelona, se logró tras meses de negociaciones entre los abogados de ambas partes tras su separación, que fue anunciada a mediados de este año. La expareja llegó por separado al juzgado, acompañados únicamente de sus respectivas defensas.
Tras rubricar el acuerdo, el letrado de Gerard Piqué, Ramón Tamborero, explicó a la prensa que “los dos están más tranquilos, más relajados”, y han pensado “en el bien de sus hijos”.
El trámite de la firma transcurrió de forma “correcta, como no se esperaba de otra manera, delante del juzgado, y a partir de ahora a esperar la sentencia, una vez que el fiscal apruebe el convenio”, destacó Tamborero.
El abogado desmintió algunas informaciones que aseguraban que el acuerdo impedía a Piqué establecer su residencia en Miami o que no podrían verse con los niños acompañados de sus futuras parejas.
Por su parte, ni la letrada de Shakira ni la propia cantante quisieron atender a la prensa.
Hace unas semanas, Shakira y Piqué explicaron en un comunicado que habían firmado “un acuerdo que garantiza el bienestar” de sus hijos y que estaba pendiente de ratificarse ante el juzgado “como parte de un trámite meramente formal”.
Fuentes del entorno de la cantante explicaron entonces a EFE que la artista prevé mudarse a Miami con sus hijos a principios del próximo año desde Barcelona, ciudad donde nacieron, han vivido los últimos ocho años y están escolarizados.
La artista tiene ya desde hace años una residencia en Miami y es donde su familia materna lleva viviendo los últimos años también.
Más allá de la cuestión de la separación y la custodia de los niños, Shakira tiene pendiente una causa penal en España por varios delitos económicos contra la hacienda pública.
La Fiscalía pide para ella ocho años y dos meses de prisión y una multa de más de 23 millones de euros (cerca de 24 millones de dólares).