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La Superintendencia de Salud aprobó las propuestas de pago de siete isapres incluidas en la Ley Corta, permitiendo una alza extraordinaria en los precios de los planes y devoluciones por pagos en exceso. Según detalló el regulador, las aseguradoras privadas podrán aplicar alzas extraordinarias a partir de octubre, debiendo informar a sus afiliados antes del 25 de octubre. Los afiliados tienen hasta el 29 de noviembre de 2024 para decidir si mantienen su plan o acceden a otras opciones. Además, se podrán ingresar reclamos hasta el 30 de abril de 2025. La deuda por cobros en exceso será pagada por las mismas alzas aplicadas a los afiliados, aunque de momento no hay claridad sobre los montos.
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La Superintendencia de Salud aprobó los propuestas de pago de siete isapres, incluidas en la Ley Corta y que permitirá aplicar un alza extraordinaria en los precios de los planes y la devolución por pagos en exceso que determinó el fallo de la Corte Suprema.
Y durante esta mañana, el regulador detalló cuáles serían los pasos a seguir por las aseguradoras y las implicancias para los afiliados de las isapres.
Alzas extraordinarias de planes de isapres
A partir de este mes de octubre, las aseguradoras privadas Consalud, Colmena, Cruz Blanca, Banmédica, Vida Tres y Nueva Masvida, podrán comenzar a aplicar las alzas extraordinaria en sus planes, lo que deberán informar a sus afiliados como límite hasta el viernes 25.
En la comunicación, las isapres deberán ofrecer una opción de plan que sea equivalente al nuevo aumento de costo, lo que no podrá exceder el 10% de la cotización pactada a julio de 2023 o al momento de la aplicación de la prima extraordinaria.
Los cotizantes tienen hasta el 29 de noviembre de 2024 para decidir si mantienen su plan con la prima extraordinaria; aceptan alguno de los planes alternativos ofrecidos por la isapre, optan por otro plan que comercialice la aseguradora o finalmente, migren del sistema privado.
Reclamos
Además, hasta el 30 de abril del 2025 los afiliados podrán ingresar reclamos.
Así lo explicó el superintendente de Salud, Víctor Torres, quien señaló que “uno puede pesquisar en el transcurso del tiempo que en realidad no fue bien calculada su alza, no eran los beneficiarios que correspondían, se cobró más del 7% por el cálculo que se hizo por el promedio de 6 meses o superó el 10%, etc”.
“Hay una serie de situaciones que las personas pueden reclamar, y esos reclamos tienen por plazo el 30 de abril del 2025″, aseveró Torres.
De acuerdo a los datos recogidos por el organismo público, estas serían las alzas por persona: Vida Tres $42.104; Cruz Blanca $36.290; Consalud $29.602; Banmédica $15.352; Nueva Masvida $13.300; Colmena $9.272 y Esencial $0.
Otro de los aspectos incluidos en las propuestas de las isapres, es el mecanismo de cálculo para la devolución de la deuda por cobros en exceso como lo determinó el fallo de la Corte Suprema.
En total, son más de 600 mil afiliados que deberán recibir el pago desde diciembre de este año y hasta un máximo de 13 años, para lo que habrá tres modalidades: Excedentes, pago anticipado y compensación de deuda.
Un “salvataje” al sistema de isapres
Para el economista, David Debrott, esto se trata de un “salvataje” a las isapres, ya que la deuda será pagada por las mismas alzas aplicadas a los afiliados.
“La Ley Corta trató de resolver un problema que, a mi juicio, era relativamente insalvable: que por un lado, las isapres tienen que implementar un fallo, pagar una deuda por cobros realizados en exceso y bajar los precios. La Ley Corta lo que hizo, para que las isapres pudiesen cumplir con eso, permitirles alzas extraordinarias”, explicó el experto.
Por ello, Debrott sostuvo que aquello es “absolutamente un salvataje. Es un elemento que favorece a las isapres, y son las personas que van a pagar la deuda”.
Hasta ahora, no hay exactitud en los montos que deberán devolver las aseguradoras, lo que se aclarará durante noviembre.
Como dato: El sistema de isapres cerró el primer semestre con pérdidas hasta junio por $81.308 millones y con una proyección al mes de a agosto en torno a los $100 mil millones, lo que se traduce en un desequilibrio financiero producto de la rebaja de la prima GES.
Con la aplicación de la prima extraordinaria, se prevé una eventual fuga de afiliados hacia el sistema de salud público.
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