La Comisión de Hacienda despachó a Sala el proyecto que adopta medidas para combatir el sobreendeudamiento.
Esta iniciativa, presentada por el gobierno con urgencia de discusión inmediata, y que se encuentra en segundo trámite constitucional, busca enfrentar la situación que afecta tanto a personas naturales como a ciertos sectores productivos.
El proyecto considera la regulación del pago mínimo de las tarjetas de crédito. Para ello, entrega nuevas facultades a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para que este organismo determine el monto mínimo que deberán pagar periódicamente los deudores.
Esto, para evitar el impacto negativo en las finanzas personales de los consumidores al aumentar el tiempo y costos del crédito con los pagos mínimos actuales.
“Auto-fraudes”
Por otro lado, el proyecto también contempla medidas para evitar los llamados “auto-fraudes” bancarios. La justificación de esta norma es que, desde que entró en vigencia la Ley de Fraudes (Ley 20.009), que obliga a las entidades bancarias a restituir en un plazo de cinco días los montos no reconocidos menores a 35 UF, las denuncias son unas 6.3 veces más altas que antes de la citada ley.
Al respecto, la propuesta legal incorpora medidas para sancionar la existencia de dolo al momento de denunciar un fraude. En esa circunstancia, se señala que los reclamos podrán presentarse solo por operaciones realizadas 60 días corridos antes del aviso y no 120 como es en la actualidad. Adicionalmente, considera la presentación de denuncias ante las policías o el Ministerio Público por las operaciones fraudulentas, para asegurar la persecución penal de los hechos.
En cuanto al resguardo de los plazos de reembolso a los consumidores afectados, el texto agrega que la CMF deberá definir los parámetros técnicos para cumplir la ley junto a estándares de seguridad para proteger al usuario.
Combatir el sobreendeudamiento
El proyecto en trámite también considera modificaciones al Fondo de Garantías Especiales (Fogaes), destinado a garantizar los créditos u otros mecanismos de financiamiento de ciertas actividades económicas.
En esa línea, aumenta de U$165.000.000 a U$208.000.000 los recursos disponibles y extiende la duración de este fondo hasta diciembre de 2024. Además, amplía la garantía en 10% por tramo, elimina el piso y flexibiliza el techo de las postulaciones, con el fin de impulsar la construcción de obras públicas.
En cuanto al Fondo de Garantía Estatal para la Vivienda, donde el Estado actúa como aval para que las personas accedan a un crédito hipotecario para la compra de la primera vivienda, también extiende su duración hasta diciembre de 2024.
Junto a esto, y para ampliar la oferta, el proyecto habilita a las mutuarias para otorgar créditos garantizados con este programa.
En el ámbito de apoyo a las pymes, la norma extiende a diciembre de este año el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape). Además, elimina las trabas para la repartición de recursos entre empresas de distintos tamaños, lo cual fue una dificultad observada durante el tiempo que lleva vigente este programa.
Finalmente, se modifica el decreto sobre timbres y estampillas para eximir de este impuesto a los créditos hipotecarios que se celebren desde la entrada en vigencia de la presente ley, y hasta diciembre de 2024, siempre y cuando se trate de la primera vivienda y esté destinada a uso habitacional.