El proyecto que fortalece al Seguro de Cesantía, fue aprobado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, quedando en condiciones para que sea firmada y promulgada como ley.
El Seguro de Cesantía, se compone por la Cuenta Individual de Cesantía (CIC), las que hasta agosto acumulaban un total de US$9.519 millones, y el Fondo de Cesantía Solidario (FCS), equivalente a US$2.953 millones.
Flexibilización del Seguro de Cesantía queda listo para ser ley
La iniciativa establece, en primer lugar, la disminución de los requisitos de acceso a prestaciones con cargo a la CIC.
Esto se traduce en que, para el caso de trabajadores con contrato indefinido o de casa particular, se baja el número de cotizaciones registradas al momento de solicitar el Seguro de 12 a 10.
Para el caso de trabajadores con contrato a plazo fijo, se disminuye de 6 a 5.
También se disminuye el número de cotizaciones registradas para acceder al Fondo de Cesantía Solidario (FCS) de 12 a 10 durante los últimos 24 meses anteriores al término de la relación laboral.
Por otra parte, se incrementan los beneficios por cesantía con cargo a la CIC, impulsando un aumento del 55% a un 60% respecto al promedio de ingresos.
También se incrementaron los beneficios por cesantía con cargo al FCS, mediante el aumento de la tasa de reemplazo del segundo mes y la actualización de los límites inferiores y superiores para aquellas personas con contrato indefinido o de casa particular.
Para las personas con contrato a plazo fijo, se agregaron un cuarto y quinto giro.
Flexibilización para casos especiales
Ahora bien, para las situaciones donde, por ejemplo, se pierda el trabajo debido a un evento que implique la paralización de actividades en toda una región, o parte de ella, también se flexibilizaron los requisitos.
Por ejemplo, si una persona sufre pérdida de su empleo debido a una catástrofe como una inundación, o una alerta sanitaria como la ocurrida por el Covid-19, también se rebajan el mínimo de cotizaciones solicitadas para acceder al CIC.
A lo anterior se añade un nuevo tipo de activo cuyo objetivo es entregar mayores retornos y menor volatilidad; modificaciones para permitir un préstamo de cargo fiscal para financiar las prestaciones en régimen; mejoras en programas de empleabilidad y reinserción laboral, además de la obligación de incorporar información de los saldos de la cuenta individual al momento de notificarse el término de los servicios.
Eso último será con plazo de cinco días posteriores a la suscripción del respectivo finiquito.