El 17 de octubre el Gobierno, a través de los ministerios de Hacienda y Vivienda, ingresó un proyecto de Ley al Congreso con indicación de discusión inmediata.
Ese proyecto consistía en una serie de facilidades para que la clase media pueda comprar casas o departamentos (beneficio tributario extraordinario para la adquisición de viviendas nuevas); y a la vez así reactivar el mercado inmobiliario y de la construcción.
Y la iniciativa ya avanzó en la Cámara Baja, porque en las últimas horas pasó al Senado luego de ser aprobado por 119 votos a favor y 2 abstenciones.
En qué consiste la iniciativa para que clase media compre viviendas
El proyecto plantea apoyar a las personas que adquieran una vivienda con crédito hipotecario, a través de un crédito tributario reembolsable, es decir, se rebaja el Impuesto Global Complementario o se da derecho a una devolución de hasta 16 UTM ($1.000.000) por la adquisición de viviendas nuevas.
Lo anterior, en el período comprendido entre el mes siguiente a la publicación de la Ley y el último día de septiembre de 2024 -indicación incorporada al proyecto, anteriormente el plazo era hasta junio de ese año-.
El beneficio se entregará por cinco años, por lo que el monto total de rebaja tributaria o subsidio por contribuyente ascenderá a $5.000.000.
Los requisitos
Desde Hacienda detallaron que a este beneficio -en caso de seguir avanzando y ser aprobado por los legisladores- podrán acceder quienes cumplan con los siguientes requisitos:
-Que la vivienda adquirida se encuentre construida y con recepción final a la fecha de entrada en vigencia de la ley o, que a la fecha de entrada en vigencia de la ley no cuenten con recepción final conforme, siempre que respecto de ellas exista un contrato de promesa de compraventa posterior al 16 de octubre de 2023.
-Que la compraventa se haya realizado a partir de la entrada en vigencia de la ley y la vivienda adquirida se encuentre inscrita a nombre de la persona en el Conservador de Bienes Raíces respectivo antes del 01 de octubre de 2024.
Este beneficio será compatible con todos los subsidios para la adquisición de viviendas y también con el beneficio tributario de rebaja del gasto en intereses hipotecarios de la base imponible del Impuesto Global Complementario.
El costo fiscal que tendría este beneficio
Conforme a las estimaciones del Ministerio de Hacienda, el costo fiscal para esta medida ascendería a $5.300 millones en 2024 y $31.798 millones entre los años 2025 y 2029, basado en el supuesto de que “las ventas totales durante el período de aplicación de la política sean similares a las ventas anuales durante el trienio previo a la pandemia (2017-2019), esto es 62.579 viviendas”.
“Se proyecta que a raíz de este incentivo se duplicaría la proporción de ventas de viviendas terminadas como porcentaje del total de vendidas, lo que implica que se acogerían al beneficio la mitad de las unidades que se venden durante el período: 31.290. De igual forma se asume que la tasa de desistimiento sería cero y que todos los beneficiarios recibirán el crédito tributario máximo cada año”, sostuvo el Ministerio.
La recaudación fiscal generada por esta medida- que considera el impuesto pagado exclusivamente por la empresa inmobiliaria y la constructora, con un precio promedio de 3.000 UF por vivienda- podría ascender a $51.602 millones si se venden 5.000 unidades; o $103.204 millones si se venden 10.000.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó que esta es una iniciativa que se autofinancia, que no le cuesta recursos al fisco en términos netos.
“Aunque siempre frente a un caso como este se puede decir que se están comprometiendo miles de millones de pesos en beneficios para sectores medios o que, en definitiva, van a la compra de viviendas que tienen las inmobiliarias o la constructora, hay que decir que, si termina siendo una medida exitosa en términos de cobertura y en dinamizar el mercado de la vivienda, es una medida que se autofinancia”, explicó la autoridad.
Mercado de la construcción
Marcel, según lo indicado por el comunicado de Hacienda, mencionó que diversos factores de oferta y demanda han reducido el dinamismo de la construcción en Chile en el último tiempo, como la paralización de obras por la pandemia o el aumento de precios por el encarecimiento de los materiales, “provocando además dificultades de acceso a la vivienda para la clase media”.
Por ello, dijo, este articulado apunta a incentivar la adquisición de viviendas nuevas, terminadas o en fase final de construcción, para familias de clase media con el apoyo de un beneficio estatal adicional, así como reducir el stock de viviendas con el fin de gatillar la ejecución de nuevos proyectos inmobiliarios.
En la misma línea, su par de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, complementó que el valor del suelo ha aumentado un 218% entre 2010 y 2020, por lo que los precios actuales dificultan acceso a vivienda social en lugares bien localizados.
Por todo, Montes indicó que esta idea va directamente a beneficiar a la clase media, “a familias que tienen dificultades para acceder a un crédito y comprar una vivienda”.
“Además, viene a dinamizar nuestra economía, porque con esto se aporta a la industria de la construcción, se fomenta la inversión y se apoya el desarrollo de más proyectos, complementando las otras medidas que seguimos impulsando como Gobierno en esta materia”, finalizó.