No hay dos lecturas en el Gobierno. Frente a la polémica por el recambio de medidores inteligentes, la posición del Ejecutivo es que el costo de la renovación de los aparatos será a costa de los usuarios, aunque pasen a formar parte de los activos de las compañías eléctricas.
Así lo ratificó en el Congreso la ministra de Energía, Susana Jiménez, quien sostuvo que el cambio de medidores análogos a medidores inteligentes es voluntario, pero reconoció que el prorrateo de la inversión que harán las empresas en esta tecnología se repartirá entre todos los clientes, cambien o no sus medidores.
De todos modos, el cobro sería temporal y a largo plazo significaría una reducción de costos y, por ende, en las tarifas: “Hay que considerar que el hecho de cambiar de medidores y de propiedad va a significar que ya no hay cobros por arriendo de medidor. No deben haber cobros asociados a temáticas que ahora se ahorran, como corte y reposición, como las cuadrillas, etcétera”, remarcó.
Así las cosas, queda claro que todos pagan -pese a que algunos parlamentarios han anunciado que enviarán proyectos de ley para revertir la normativa aprobada en enero 2018- más aún cuando el Ejecutivo se ha mostrado a favor de mantener la ley tal como fue despachada por el Congreso.
Con todo, el senador Jaime Quintana (PPD) fue más allá y aseguró que “el problema aquí no son los medidores, sino que aquí se está cobrando una inversión no hecha y un servicio que los usuarios no están recibiendo”.
Aunque en la oposición también hay voces que defienden la nueva ley, como el senador Alejandro Guillier. “Yo leí (el proyecto). Me parece razonable, es una tecnología nueva, que hace el sistema más eficiente, porque está digitalizando. Los medidores actuales no permiten medir cuando tú generas energía y se la metes al sistema”, subrayó.
Alza de hasta 18%
En medio de la discusión por los medidores, el miércoles el senador Felipe Harboe (PPD) advirtió que se encuentra en la Contraloría General de la República (CGR) un nuevo decreto tarifario, para su respectiva toma de razón, el cual abrirá paso a un alza de hasta 18% en el costo de la luz.
La ministra de Energía confirmó dicha situación y remarcó que se espera que en las próximas semanas se haga efectivo el aumento, una vez que sea revisado por la CGR. Sin embargo, de acuerdo a las estimaciones de la cartera, el incremento no sería superior a un 10%.
“Efectivamente hay un efecto al alza, producto de que este precio nuevo promedio está indexado al tipo de cambio. Esto debió haber regido desde el 1 de enero. Estamos a la espera que la Contraloría tome razón”, remarcó.
“Es un impacto fuerte. La verdad, no quisiéramos ver este aumento, pero es un sistema reglado”, admitió.
Para que quede claro. Si bien la ministra apunta a que los nuevos medidores serán un ahorro, este aumento corre por otro carril.
Son cosas distintas: el primer asunto compete a las empresas de distribución (las eléctricas a las que pagamos la cuenta de la luz y que colocan el medidor). Y el segundo rige para las compañías de generación (hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas, etc), que apunta a una fórmula en la que influirá el precio del dólar, que naturalmente también será traspasado a los clientes.
Este último punto regirá independiente de lo que ocurra con la polémica de los medidores. Y podría comenzar a cobrarse mañana, la próxima semana, o dentro de un mes. Apenas salga de Contraloría se va a comenzar a aplicar.