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La Dirección del Trabajo (DT) inició fiscalización nacional a empresas de plataformas digitales de delivery hasta el 15 de mayo, luego de solicitud de la CUT que denunció incumplimientos laborales. La ley vigente desde marzo de 2022 garantiza derechos como seguridad social, capacitación, seguro, entre otros.
La Dirección del Trabajo (DT) comunicó el inicio de una fiscalización a nivel nacional a las empresas de plataformas digitales de provisión de bienes y productos (Apps de delivery, sin incluir de momento a las de transporte de pasajeros), que se extenderá hasta el 15 de mayo.
Ello, tras una solicitud de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que acusó que las Apps no cumplen con la normativa en lo que respecta a derechos laborales, previsionales y de seguridad de sus trabajadores.
El director del Trabajo, Pablo Zenteno, recordó que desde marzo de 2022 rige la Ley N°21.431, que modificó el Código del Trabajo para regular las relaciones entre trabajadores de plataformas digitales, dependientes e independientes.
Hizo ver que la ley reconoce el derecho a seguridad social, capacitación, la entrega de elementos de protección personal, un seguro contra daños, el derecho a desconexión, una remuneración por jornada efectivamente prestada y el derecho a sindicalización y negociación colectiva.
Fiscalización
En este programa nacional inspectivo, la DT indicó que serán fiscalizadas las empresas legalmente definidas como de “plataformas tecnológicas”, en este caso de delivery, que cuenten con un domicilio legal.
Asimismo, las de tipo supermercados o cadenas de retail que ofrezcan servicios de compra remota con despacho a domicilio, ya sea mediante una aplicación propia o página web.
La fiscalización se centrará en dos tipos de trabajadores: Rider/Delivery (repartidores de bienes o productos) y Picker (personal que prepara pedidos en supermercados y tiendas de retail).
El procedimiento inspectivo considera materias ligadas a los contratos, remuneraciones, seguridad, transparencia, entre otros; y en caso de no cumplir, las empresas arriesgan multas de entre 3 ($204.102) y 60 ($4.082.040) UTM.