Con el anuncio de una oferta por la propiedad de Clínica Las Condes, el nombre de Gabriel Massuh Isaías, conocido como “El Rey del Plátano”, ha vuelto a tomar atención.
Y es que el empresario es conocido por ser el dueño del mayor importador de plátanos en Chile, Bagno. Y en este contexto, es que se reveló que ganó un resultado favorable en una causa relacionada al Servicio de Impuestos Internos (SII), en la cual el organismo le acusó por cientos de presuntas facturas falsas.
Las acusaciones del SII contra el “Rey del Plátano”
Fue con una recopilación de antecedentes a diciembre de 2018 y marzo de 2019 que saltaron las alertas en el SII.
Entre toda la información conseguida, se contabilizaron 515 facturas falsas de “28 supuestos proveedores contribuyentes, quienes no realizaron las acciones que estas consignan” entre 2013 y 2016, según recopiló en su momento BBCL Investiga.
Entre los hallazgos también estaban 484 “operaciones falsas” con carencia de respaldo documentario, declaradas por la Comercializadora de Frutas Central S.A. (ex Bagno S.A.) entre junio de 2013 y diciembre de 2015. Todo lo anterior con el objetivo de aumentar los créditos fiscales por IVA que Massuh podía hacer valer en sus declaraciones de impuestos.
Según pudo contabilizar el Servicio, el monto defraudado sería de casi $2,4 mil millones, aunque los montos actualizados a 2019 alcanzaban los $2.712 millones.
Con estos antecedentes, es que el SII se querelló contra Massuh e incluso ordenó diversas liquidaciones contra la Comercializadora, ligada al empresario de origen ecuatoriano, nacionalizado chileno.
Y en respuesta, él acudió ante tribunales, buscando anular las liquidaciones.
El fallo favorable del Tribunal
Ahora, según lo revelado por Diario Financiero, el “Rey del Plátano” se anotó una victoria judicial, luego que el Tribunal Tributario Aduanero (TTA) de la región Metropolitana, fallara a su favor y anulara las liquidaciones.
Sin embargo, no hizo juicio sobre si las facturas eran verdaderas o no.
Entre los argumentos del Tribunal para el mencionado fallo, están los “graves yerros y omisiones incurridos por el ente fiscal, al momento de emitir las Liquidaciones recurridas”, que habrían trasgredidos “los derechos del contribuyente”.
En esta línea, aludió a falta de fundamentación e impresiones en la base de cálculo del IVA y citaciones fuera de plazo, entre otros.
Previamente, Massuh también acusó de irregularidades en el procedimiento, además de que la naturaleza del negocio que desarrolla, hace “difícil acreditar materialmente una operación”, agregando que las facturas no eran falsas y que las transacciones están registradas.
Por otro lado, consigna DF, está la estancada arista penal donde, en 2021, la PDI solo pudo establecer que, de las 515 facturas, 20 serían ideológicamente falsas. Con todo, sostuvo que la empresa Bango podría haber realizado las compras de forma legar y que recibió, a modo de comprobante, una factura falsa de sus proveedores.
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