Un informe elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad san Sebastián (USS) analizó por región los plazos de tramitación para obtener permisos ambientales que requieren los proyectos de inversión.
Hasta inicios de octubre, el 67% de los proyectos a nivel nacional en evaluación ambiental presentaba retrasos, con tiempos de tramitación mayores a los plazos previstos en la ley, sostuvo el análisis (adjunto al final de esta nota).
Detectó también que el porcentaje de proyectos con retrasos a nivel regional lo lidera La Araucanía, con un 82%.
Desde la casa de estudios indicaron que su estudio fue elaborado en base a la revisión de los datos disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Permisología
“En todas las regiones los tiempos de tramitación son mayores a los que proyecta la ley”, afirmó el análisis, difundido mediante un comunicado.
En la región de Valparaíso, el porcentaje de proyectos con tiempos de tramitación mayores a los previstos por la ley supera el 79% y en Magallanes el 75%.
Entre las zonas de Chile con menor tasa de retraso están la región de Aysén y Tarapacá, ambas con un 33,3%; y Arica y Parinacota con un 40%.
Alejandro Weber, decano de la facultad de Economía y Gobierno, opinó que el problema “es generalizado”, pues en todas las regiones los tiempos de tramitación son muy superiores a los legales.
“Existe una mezcla de factores que explican este fenómeno. Por un lado, existen regiones como Ñuble, donde es claro que existe una falta de dotación apropiada para evaluar el volumen de proyectos que se reciben, y por ende los retrasos son subsanables con medidas de gestión de corto plazo”, dijo.
Agregó que en regiones como la Metropolitana “existen proyectos más complejos, mayor participación de la sociedad civil y dificultades de coordinación entre servicios públicos, entre otros”.
Antofagasta, con mayor costo económico por permisología
Un caso especial es el que se registró en la región de Antofagasta que, si bien supera el promedio nacional con una tasa de retraso del 69%, destaca especialmente por el mayor monto de inversión comprometido, superior a US$18.000 millones en etapa de evaluación ambiental.
Según los cálculos realizados por la USS, el costo de lo que no se está generando en términos de actividad económica por el atraso de proyectos en la región supera los US$1.600 millones.
Cristóbal de la Maza, uno de los autores del informe, destacó que no todo se explica por la necesidad de mayores recursos.
“Gobernar es priorizar. Regiones como Antofagasta, donde el costo del retraso de proyectos es mayor por la magnitud de las inversiones asociadas, requieren una dirección más efectiva (…)”, concluyó el especialista.