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BancoEstado revela millonario robo orquestado por extrabajador y empresa tecnológica: $6.100 millones extraídos. La entidad bancaria informó que desde 2021 un excolaborador, en complicidad con un empleado activo y una firma externa, manipuló un sistema informático para extraer la millonaria suma, la cual se repartiría entre cuatro involucrados. Tras descubrir la irregularidad en una revisión interna, el banco presentó una querella por delito informático y lavado de activos. Aseguran que los clientes no se verán afectados y poseen seguros para resguardar el patrimonio. Cuatro personas están siendo investigadas, destacando que uno de los acusados se autodenunció. El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, informó al Ministerio Público y solicitó medidas legales contra los responsables, instando a una pronta resolución y sanción ejemplar.

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Ayer miércoles BancoEstado comunicó que había sido víctima de un gran robo: desde 2021 un extrabajador (luego se supo que operó con un trabajador activo del banco), confabulado con una empresa tecnológica que prestaba servicios externos, manipuló desde 2021 uno de los sistemas informáticos.

Y fue así que, a modo de “hormiga” y de una manera muy sofisticada, los involucrados sacaron de la entidad $6.100 millones que, de acuerdo a las primeras indagaciones, se iban a repartir entre todos (cuatro personas).

En el Banco descubrieron la situación en medio de las revisiones regulares que realiza su Contraloría interna.

Luego, presentaron una querella en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por delito informático, lavado de activos y asociación ilícita para la comisión de lavados de activos.

Al informar de manera general esta situación, la entidad bancaria fue enfática en afirmar que “no hubo ni habrá ningún impacto” sobre los clientes; y que cuenta con seguros para resguardar su patrimonio.

“Las cuentas, fondos y datos de personas, empresas o instituciones, no están en absoluto afectados por este ilícito y se encuentran bajo total resguardo, dijo.

Cuatro involucrados

De acuerdo a la querella, la denuncia del Banco apuntó a cuatro personas (tres hombres, entre ellos los extrabajadores, y una mujer).

El descuadre provenía de abonos efectuados en un proceso de inyector, un sistema propiedad del Banco (el sistema de inyector está disponible para distintas áreas) creado para procesar múltiples operaciones de manera automatizada.

En la revisión que se realizó, y cuando se descubrió el robo, notaron abonos realizados a dos cuentas corrientes de los involucrados.

Luego, al profundizar la revisión, en BancoEstado verificaron que entre 2021 y 2024 “se efectuaron millonarios depósitos a las cuentas asociadas a una empresa y a una persona natural, a través del mecanismo de inyección automático de fondos, sin justificación”.

Y luego vino algo más preciso: el 19 de julio de 2024, uno de los acusados que era en ese entonces trabajador del banco, “prestó declaración en la investigación interna, autodenunciándose y reconociendo que él, en conjunto con un extrabajador del banco, habían realizado los depósitos, con miras a repartirse el dinero con los beneficiarios”.

Ese extrabajador se desempeñó en el banco como Jefe de Proyecto en la Gerencia División de Operaciones y Sistemas, participando de la creación del sistema de inyector.

Los otros dos participantes de este ilícito son un matrimonio dueño de la empresa tecnológica que prestaba servicios externos al banco.

Las medidas que tomó el Gobierno

El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, informó de estos hechos al Ministerio Público -mediante oficio reservado- el pasado 30 de agosto, “para que proceda a la investigación correspondiente”.

Asimismo, solicitó a BancoEstado un informe detallado de los antecedentes arrojados en la investigación interna instruida al efecto; informó a la Unidad de Análisis Financiero y solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) “presentar una querella contra quienes resulten responsables de los ilícitos”.

El Ministerio de Hacienda, por último, manifestó que espera y le apremia que se esclarezca la totalidad de los hechos y que “se pueda identificar y sancionar con todo el rigor que el ordenamiento jurídico dispone a todas las personas que tuvieron participación en los mismos”.