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Durante los sistemas frontales de junio y los más recientes, los ciudadanos de varias regiones enfrentaron vientos, lluvias, inundaciones y voladuras de techumbres, pero los cortes de energía fueron el mayor dolor de cabeza, afectando edificios sin luz, ascensores ni agua, alimentos descompuestos, artefactos dañados y negocios paralizados. El presidente Gabriel Boric criticó a las empresas eléctricas por la tardanza en restablecer el servicio, mientras que el cableado basura en la infraestructura pública obstaculiza las reparaciones. A pesar de la ley que regula el tendido de cables aéreos desde 2019, aún falta el reglamento para su aplicación, y un proyecto de ley busca aumentar las multas para empresas que no retiren cables en desuso en la vía pública.

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Durante los sistemas frontales de junio, y el de los últimos días, los vientos, lluvias, inundaciones y voladuras de techumbres fueron de las mayores dificultades que debieron enfrentar los ciudadanos de varias regiones.

Y por su implicancia, otro mayor “dolor de cabeza” lo han generado los cortes de la energía eléctrica; y la tardanza de las empresas del sector en la reposición del servicio.

Edificios sin ascensores, sin luz ni tampoco agua (cuando son full electric); alimentos descompuestos, artefactos dañados, imposibilidad de calefaccionar, aparatos tecnológicos sin carga; son algunas de las angustias que provocan los cortes de energía. A ello se suman Pymes, negocios, empresas y centros de servicios, entre otros, que se han visto afectados.

En las últimas horas, de hecho, el presidente Gabriel Boric emplazó tajantemente a los gerentes de las empresas del rubro por los miles de hogares que aún permanecen sin el servicio. “No han cumplido”, acusó el jefe de Estado.

El cableado basura que entorpece los arreglos

En todo este contexto reflotó otra arista: el cableado basura que está en la infraestructura pública y que debe ser sacado, pues dificulta aún más que las cuadrillas de emergencias repongan de manera ágil el suministro eléctrico cuando hay fallas.

De hecho, a principios del año pasado, la empresa Movistar comunicó que retiraría todo su cableado en desuso a lo largo del país. Proyectó, en ese momento, culminar este año esa tarea.

Incluso entregó un dato no menor: admitió que aún existía cobre tendido en el país desde 1880, fecha en la que comenzó a trabajar la Compañía Chilena de Teléfonos (CTC).

El plan de Movistar, se explicó, radicó en la migración hacia la fibra óptica, en el apagado de tecnologías antiguas sustentadas en cobre, la descontaminación visual, cuidado del medioambiente y el desincentivo al crimen organizado del robo de cables.

En 2019, durante la administración del presidente Sebastián Piñera, se promulgó la Ley que regula el tendido de cables aéreos y que establece que las empresas concesionarias y permisionarias son las responsables de instalar, identificar, modificar, mantener, ordenar, trasladar y retirar el tendido eléctrico, incluso si es subterráneo.

Sin embargo, tras el último temporal de viento y lluvia, quedó en evidencia que esa normativa aún no cuenta con el reglamento necesario para su pleno funcionamiento.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, explicó que el reglamento fue ingresado a la Contraloría al menos tres veces desde 2019, enfrentando observaciones e impugnaciones por parte de las compañías de telecomunicaciones.

Remarcó que Ley “está vigente” a la vez que endosó a los municipios “la facultad para ordenar el retiro y ordenamiento de los cables”.

En paralelo, un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que busca hacerse cargo de las externalidades negativas que generan los cables en desuso en la vía pública.

La iniciativa busca, por ejemplo, aumentar las multas para las empresas que no retiren esa basura, pasando de 100-1000 UTM a 300-1500 UTM.