Este martes se realizó la audiencia de formalización de Alejandro Gil, presidente del directorio de Clínica Las Condes.
Llegó hasta el Cuarto Juzgado de Garantía usando una mascarilla para tapar su rostro.
Sobre Gil pesa una querella criminal interpuesta por un grupo de médicos, quienes lo acusaron de apropiación indebida y administración desleal; y el no pago de honorarios comprometidos.
En la audiencia, aludiendo a la probabilidad de que se pierdan o destruyan documentos, los querellantes pidieron a la fiscal Karin Naranjo que se le prohibiera a Gil acercarse a la Clínica Las Condes.
Esa medida quedó aplicada.
También, quedó con la cautelar de firma mensual y arraigo nacional.
En la audiencia se entregaron una serie de antecedentes relacionados a la revisión de ciertas cuentas, lo cual reflejaría que la administración de la clínica -encabezada por Gil- habría entregado pagos en fracciones menores a lo que correspondía.
Varios médicos habrían solicitado a Gil revisar la documentación de pagos, pero siempre les habría negado el acceso a esa información.
La falta de pagos afectó, asimismo, a personal auxiliar involucrado en cirugías y procedimientos médicos.
La defensa del presidente de la CLC, en tanto, afirmó que era imposible la apropiación indebida porque el presidente del directorio no maneja los honorarios.
Agregó que Gil siempre estuvo dispuesto a colaborar con las indagaciones.
Finalmente, la fiscal Naranjo determinó un plazo de ocho meses para investigar el caso.
Este no es el primer escándalo en el que Alejandro Gil se ve involucrado.
Durante la pandemia, fue acusado de recibir la dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 antes que el resto de la población, incluso cuando algunos aún no habían recibido la primera dosis.
