Agentes de la Guardia de Finanzas italiana (policía financiera) han registrado este miércoles los domicilios de diez personas, entre administradores, procuradores, empleados y colaboradores de la sociedad siderúrgica “Acciaierie di Italia” (ADI), a la que se investiga por fraude al Estado y manipulación en los datos de emisiones de CO2.
La acerería de la ciudad de Taranto (sur de Italia), la mayor de Europa, se encuentra en régimen de administración extraordinaria desde febrero pasado, aunque la investigación se refiere a eventuales delitos cometidos antes de la intervención del Estado por desacuerdos con su antigua gestora, ArcelorMittal.
Según la Fiscalía de Taranto, la sociedad ADI habría manipulado los registros de emisiones de CO2 para beneficiarse de la normativa de la Unión Europea (UE) ideada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores de gran consumo energético.
Para ello, la UE fija un límite de emisiones totales por sector industrial y dentro de este a cada empresa se le asigna una cuota y se crea un mercado de compraventa de cuotas dentro de la industria que encarece los precios de dichos títulos e incita a reducir la contaminación.
La siderúrgica italiana declaró una emisión de C02 inferior a la que había efectuado lo que llevó al Comité ministerial a asignarle en 2023 de forma gratuita una cantidad de cuotas superior a la que realmente le correspondía.
Con este fin falsificó también el consumo de materias primas y sus existencias para alterar la relación entre factor de emisión y nivel de actividad, explicó la Fiscalía en un comunicado.
Las investigaciones y registros en curso de la Guardia de Finanzas buscan documentación administrativa y contable necesaria para la reconstrucción precisa de los hechos, así como para averiguar la cantidad de cuotas exactas que realmente le corresponderían a ADI, se añade en la nota.
Se trata de “delitos gravísimos destinados a vender el medio ambiente y la salud pública en nombre del lucro”, aseguró la mayor asociación de consumidores italiana, la Codacons, que ha anunciado que “se constituirá inmediatamente parte ofendida en la investigación de la magistratura en representación de los ciudadanos tarantinos”.
Desde hace años la antigua ILVA de Taranto sufre una grave crisis financiera, entre críticas de contaminación, y a esto se han sumado serias deficiencias de liquidez que impedían saldar sus deudas y garantizar su mantenimiento y su producción.
Hasta febrero pasado la planta estaba controlada por ArcelorMittal tras comprarla en 2018 con la promesa de sanearla e impulsarla y en 2021 se alió con el Estado italiano, que posee el 38% de su capital a través de Invitalia, el ente para las inversiones públicas.
