El pasado 20 de junio, la comunidad Coyo presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, a propósito del gran acuerdo Codelco-SQM, que toca de cerca a las comunidades indígenas del Salar de Atacama.
Según explicó el abogado de la comunidad, Gabriel Muñoz, el acuerdo “tiene defectos de forma y de fondo”.
El profesional aludió también a “ilegalidades y arbitrariedades” que afectarían no solo a la comunidad de Coyo, sino que de “todas las comunidades de la región”.
“Se trata de un acuerdo que no se ha hecho con las comunidades, ni tampoco se le ha consultado absoluta y completamente nada, siendo que se trata de su territorio ancestral y que además implica una carta blanca para Soquimich y Codelco por 35 años a partir del primero de enero del 2025”, sostuvo el abogado Muñoz.
Anita Zamora, presidenta de la mencionada comunidad, se refirió a la vulneración que acusan estar sufriendo.
“No nos parece la forma de trabajo, a costas de nuestros recursos naturales, de nuestra gente. (…) Por eso nosotros hemos decidido seguir todos los pasos posibles para que se nos integre y escuche”, indicó.
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La respuesta del presidente del directorio de Codelco llegó rápido.
Máximo Pacheco afirmó que “se están tomando cartas en el asunto”, a la vez que desde la empresa esperan que esto no afecte el cómo se han dado las conversaciones hasta ahora.
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Las autoridades regionales se han mostrado pendientes de que se esté incorporando “a todos los actores en la mesa”.
El gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz, respaldó el recurso interpuesto por la Corte de Apelaciones, apuntando a que el litio se va a extraer “de territorios que ancestralmente han pertenecido a las comunidades”.
“Se hace necesario hoy más que nunca entender que las comunidades tienen que tener representación”, expresó.
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El senador de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta, Rafael Prohens, opinó que no hay confianza en la estatal.
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Toda esta situación complica el avance de la Estrategia Nacional del Litio, considerando las consultas indígenas en curso y las que deberán iniciarse cuando las empresas privadas interesadas en entrar al negocio en Chile hagan sus manifestaciones formales.