El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reaccionó al acuerdo Codelco y SQM por el litio en el Salar de Atacama, produciendo el preciado mineral desde el 2025 hasta el 2026.
De esta forma, Marcel dijo que esta es “una muy buena noticia para la industria del litio y para el Estado como partícipe de esta asociación público privada”, a la vez que Chile aumentaría así la producción del litio de una forma “mucho más rápida que cualquier otra alternativa que se pudiera haber considerado, tanto en el Gobierno anterior como en el actual”.
Marcel celebra acuerdo Codelco y SQM
También el encargado de Hacienda aprovechó de -indirectamente- referirse a las críticas de algunos sectores, donde se acusa que el país se estaría quedando atrás en la carrera por la industria del litio.
En este sentido, el economista dijo que el acuerdo SQM-Codelco, junto a los avances en el proceso de llamado a expresiones de interés para concesiones de litio y proyectos en los que están involucrados empresas públicas, permitiría “dar por cerrado toda la discusión sobre si Chile atrasado o no en el desarrollo de esta industria”.
Según se plantea en la página web dedicada a la alianza público-privada, el proyecto conjunto entre ambas empresas tiene por objetivo “producir litio refinado en el Salar de Atacama, con altos estándares de sostenibilidad ambiental y comunitaria”, lo que contempla una inversión tecnología con el fin de obtener una producción más eficiente.
De esta forma, en cuanto se implemente de forma oficial la asociación, se espera una producción adicional total de 300 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) entre el 2025 y 2030, mediante la adopción de nuevas tecnologías y optimización de operaciones, lo cual “no implicará una mayor extracción de salmuera ni un incremento en el uso de agua continental”.
Luego, para el período 2031 al 2060, cuando la administración general de la sociedad pase de SQM a Codelco, se espera que la producción oscile entre 280 mil a 300 mil toneladas.
A pesar de todo, el acuerdo no ha estado exento de polémicas. Tanto es así que un grupo de diputados independientes y del PPD anunciaron que recurrirán a la Contraloría para que indague la legalidad de la alianza público privada, la cual tildaron de “inmoral” y “trucha”.
